Hablando en plata
Mar 23, 2012
Luis Pazos

El gobierno ante los monopolios

Facilitar la entrada en cualquier sector a todos los interesados que cumplan con reglas generales y pagos que se apliquen en todos es la mejor forma de fomentar la competencia, y no que desde una oficina, un grupo de respetables funcionarios, decidan quienes son o no monopolios, a quien se autoriza y a quien no, una concesión o fusión, situación que no va de acuerdo con una economía basada en un estado de derecho, en la certidumbre jurídica y que busca mercados competitivos y libres.

Los monopolios encarecen los productos, bajan la calidad y perjudican a los consumidores, la solución es la competencia; sin embargo, muchas veces los gobiernos en un afán de impulsarla, sobreregulan y dejan al arbitrio de funcionarios el decidir en una oficina sobre fusiones, divisiones e inversiones de las grandes empresas. Esas decisiones, basadas en parte en percepciones e interpretaciones de la ley, los dejan como el cuetero, si no explota el cuete les chiflan y si sale también chifla el cuete.

La función del Legislativo y  el Ejecutivo es generar un entorno jurídico y administrativo que facilite a quien lo solicite la entrada a cualquier sector de la producción, en base a reglas generales y no en las decisiones de los funcionarios. Lo que genera monopolios dañinos a la sociedad son leyes que impiden a otros inversionistas dedicarse a lo mismo que el monopolista, como la exploración, extracción y transformación de hidrocarburos en el caso de PEMEX.

En el sector de las telecomunicaciones, la función de un gobierno no es impedir fusiones y dificultar la entrada, sino que a todo aquel que solicite una frecuencia o espectro, si existe la posibilidad técnica de dársela y cumple con requisitos generales, otorgársela.

Si TELMEX solicita un canal de televisión, hay que dárselo. Si TV Azteca y Televisa quieren unirse para invertir conjuntamente en telefonía hay que dejarlos. Querer ser más papista que el papa en materia de competencia trae resultados contraproducentes, reduce la inversión, genera incertidumbre jurídica y se presta a favoritismos.

Facilitar la entrada en cualquier sector a todos los interesados que cumplan con reglas generales y pagos que se apliquen en todos es la mejor forma de fomentar la competencia, y no que desde una oficina, un grupo de respetables funcionarios, decidan quienes son o no monopolios, a quien se autoriza y a quien no, una concesión o fusión, situación que no va de acuerdo con una economía basada en un estado de derecho, en la certidumbre jurídica y que busca mercados competitivos y libres.



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El punto sobre la i

El problema, para los dictadores, es que no pueden eliminar la libertad del ser humano. Sólo pueden prohibir su ejercicio, prohibición a la que se opone, precisamente, la libertad.

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