MARTES, 17 DE ABRIL DE 2012
Guerra comunicativa

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El punto sobre la i
“Trato de tomar los mejores elementos de la justicia social y de la libertad económica. Lo que exploro es la posibilidad de una tercera constelación, más alta que las otras dos, moralmente mejor. Libertad económica, sí; justicia social, sí.”
John Tomasi


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“Las consecuencias de que el gobierno capitulara ante el narco serían gravísimas, pero el solo hecho que se mencione como opción, subraya la importancia de mejorar los resultados de la gestión pública en estas materias y de la forma en la que se comunica el gobierno con los gobernados.”


Estoy coordinando un proyecto de investigación de uno de mis alumnos sobre un aspecto que me parece particularmente importante del combate que ha emprendido el gobierno de Felipe Calderón contra los narcotraficantes: la forma en que el gobierno y los narcos se comunican con la sociedad mexicana.

La principal conclusión a la que llega este análisis es que los narcos le van ganando al gobierno en cuanto a la efectividad de sus mensajes, lo que se refleja en un creciente escepticismo de la población respecto a la capacidad de las autoridades de restablecer un nivel de seguridad pública razonable.

Una de las cosas que llaman la atención de este trabajo, que cita más de cien fuentes de información y análisis sobre el tema, es la compleja organización que han creado los narcos en sus esfuerzos por comunicarse mejor mediante múltiples en innovadores medios, empezando por las narcomantas.

Las narcomantas han aparecido por todo el país cuando alguna de las organizaciones de narcotraficantes tiene algo que comunicarle a la sociedad, a las autoridades o a grupos de narcos rivales, como ocurrió en Morelia después de las granadas que explotaron en la ceremonia del Grito en el 2008.

Las autoridades locales culparon al grupo de narcos conocido como La Familia que de inmediato “texteó” a reporteros locales para decirles que eso no era cierto, que los culpables eran Los Zetas, y el cártel del Golfo puso narcomantas en varios estados ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares a quien los ayudara a capturar a los responsables.

Poco después apareció la cabeza cercenada de un supuesto culpable en el centro del puerto de Lázaro Cárdenas con una nota que afirmaba que “el cártel del Golfo nunca mataba inocentes, sólo terroristas como los de La Familia lo hacían.” El cártel de Sinaloa terció en este debate diciendo que “ellos siempre habían defendido al pueblo… y respetado a las mujeres y a los niños.”

Al final, las autoridades capturaron a los culpables pero no como resultado de su trabajo detectivesco sino por una llamada anónima. Lo que este siniestro pasaje dejó en claro es que los narcos usan “ayudas visuales” como cadáveres de sus víctimas y narcomantas, como los medios para enviar sus mensajes.

Los narcos también cortejan a la opinión pública y tienen campañas en las que le ofrecen dinero y servicios públicos a la población para congraciarse con ella y por este medio conseguir su complicidad para protegerlos de las autoridades.

El descrédito del gobierno ha resultado en que sólo se denuncian uno de cada cinco crímenes cometidos y que de estos sólo el 13% sean investigados y apenas el 5% lleguen a ser enjuiciados. Es obvio que con una probabilidad tan baja de ser castigados, los maleantes carecen de incentivos para no delinquir.

De acuerdo a datos del ICESI (Instituto Ciudadano para Estudios sobre la Inseguridad) el 38% de los encuestados sobre las razones para no denunciar un crimen adujeron “que era una pérdida de tiempo,” el 15% que no confiaban en las autoridades y el 12% “que era muy complicado.”

La percepción de que las autoridades no saben lo que están haciendo en su lucha contra el narco, se ha reflejado en el creciente número de organizaciones de la “sociedad civil,” como está de moda llamarle a la ciudadanía, que se manifiestan por un cambio en la estrategia y, en algunos casos proponen hasta una rendición unilateral de la autoridad ante los narcotraficantes.

Las consecuencias de que el gobierno capitulara ante el narco serían gravísimas, pero el solo hecho que se mencione como opción, subraya la importancia de mejorar los resultados de la gestión pública en estas materias y de la forma en la que se comunica el gobierno con los gobernados.

Obviamente las autoridades, a diferencia de los criminales, se ven limitadas por las propias leyes, que son su responsabilidad cumplir y hacer cumplir, y por las divisiones que han prevalecido en el Congreso respecto a las iniciativas enviadas para mejorar con seriedad a los cuerpos policíacos.

Pero ello no impide que se busquen nuevos mecanismos para comunicar mejor lo que se ha hecho bien y para neutralizar los mensajes que las organizaciones de narcotraficantes han venido usando con tanta efectividad para sembrar la desazón entre la población y acarrear agua a su molino.

• Inseguridad / Crimen

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