MARTES, 11 DE DICIEMBRE DE 2012
Arduo reto para Videgaray

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“Si del derecho a la vida se desprende el derecho a defenderla, del derecho a defenderla, ¿no se desprende el derecho a la portación de armas?”
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“El estado benefactor fue el camino seguido por los países industrializados que hoy enfrentan las consecuencias de la generosidad de los beneficios que dieron a sus habitantes, con finanzas públicas en quiebra y descomunales niveles de deuda.”


Los compromisos que ha ofrecido Enrique Peña Nieto en su discurso inaugural y en el Pacto por México le plantean al flamante secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso un desafío mayúsculo que pondrá a dura prueba sus reconocidas habilidades como buen financiero y economista.

Para empezar, el nuevo gobierno hereda una situación financiera bastante peor de la que prevalecía hace seis años: un déficit del 2% del PIB en 2012 y una deuda neta del sector público del 34% del PIB, cuando en 2006 era del 18% del PIB. Es decir, casi se duplicó a pesar de haber tenido los precios del petróleo más altos de la historia y las tasas de interés externas e internas en la deuda más bajas en décadas.

La promesa de Peña Nieto de tener un déficit público de cero el año próximo, con la que estoy completamente de acuerdo, implicará un ajuste de 200 mil millones de pesos ya sea en menores gastos del gobierno federal o en mayores ingresos, que no podrán provenir de nuevos impuestos para el 2013, como ya lo asentó Videgaray.

Si bien el gasto corriente del gobierno federal, que este año alcanzó los 2.2 billones de pesos y que creció de manera extraordinaria en el pasado sexenio, implica que hay mucha tela de dónde cortar para conseguir ahorros, será difícil hacer los recortes necesarios pues quienes hoy se benefician de esos recursos rechazarán su reducción.

Recordemos el escandalazo que se armó hace un par de semanas cuando se anunció no que fuera a desaparecer el Instituto Nacional de las Mujeres sino sólo que sería absorbido por la Sedesol, y que obligó al equipo de transición a dar marcha atrás.

Los “buscadores de rentas” como se les llama en la jerigonza económica a quienes logran asegurar una de las múltiples ubres que generosamente ofrece el presupuesto federal, se defenderán por todos los medios para preservar sus privilegios. Lo mismo ocurriría de intentarse eliminar el obsceno y regresivo subsidio a la gasolina que representa más de 1% del PIB y que es otro de los compromisos del nuevo gobierno.

Pero si del lado de generar mayores ingresos se ve el escenario complicado para el secretario de Hacienda, las presiones por el lado del gasto que se derivan de las promesas hechas por Peña Nieto plantean un reto aún mayor.

Seguir por la ruta de crear un estado benefactor con cobertura médica universal y gratuita, pensión para los mayores de 65 años que cubra a quienes carecen de ella, seguro de desempleo, programas anti-pobreza y varias de las demás promesas del Pacto por México, puede representar gastos enormes, de entre 5% y 10% del PIB, dependiendo del monto de cada uno de esos reforzados “derecho sociales.”

Hay que tener presente que ese fue el camino seguido por los países industrializados que hoy enfrentan las consecuencias de la generosidad de los beneficios que dieron a sus habitantes, con finanzas públicas en quiebra y descomunales niveles de deuda.

Si bien el nuevo gasto llevará tiempo echarlo a andar, Peña Nieto ordenó que se incluyeran en el presupuesto de 2013 la cruzada contra el hambre, el seguro para las jefas de familia, la pensión para adultos mayores e iniciar la construcción del tren México-Querétaro, lo que puede representar entre 0.5% y 1% del PIB en mayor gasto.

El Presidente también ordenó austeridad en el egreso público del año próximo lo que tradicionalmente se ha traducido en congelar plazas burocráticas, cancelar teléfonos celulares y viáticos, pero no en el cierre de entidades innecesarias o en el despido de empleados públicos, que en el corto plazo sale más caro por las liquidaciones de ley.

Sumado al compromiso de eliminar el déficit presupuestal en 2013, se requerirá de mayores ingresos o menores gastos de entre 2.5% y 3% del PIB, lo que constituye un esfuerzo de ajuste fiscal significativo. Ello podría lograrse con la eliminación de los subsidios a la gasolina y a los agricultores prósperos o de las exenciones al IVA.

Me temo que cualquiera de estas rutas que escogiera Videgaray se enfrentaría a una frontal oposición no sólo de los afectados sino muy probablemente también de los perredistas moderados que suscribieron el Pacto, con lo que el intento de conseguir el consenso de todas las fuerzas políticas que lo firmaron habría sido efímero.

Le deseo la mejor de las suertes al secretario de Hacienda en su difícil misión de hallarle la cuadratura al círculo descrito, ojalá tenga éxito por el bien de México.

• Reforma fiscal • Problemas económicos de México • Política fiscal

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