Pesos y contrapesos
Feb 19, 2014
Arturo Damm

Cuidado, ¡con los precios no se juega!

Cualquiera que haya cursado un curso básico de economía sabe cuáles son las consecuencias de la manipulación gubernamental de precios, en general, y, en particular, de la imposición de un precio máximo

Cualquiera que haya cursado un curso básico de economía sabe cuáles son las consecuencias de la manipulación gubernamental de precios, en general, y, en particular, de la imposición de un precio máximo, que es el que el gobierno impone por debajo del precio de equilibrio, definido como aquel al que llegaron, interactuando en el mercado, los oferentes y los demandantes, y que tiene como consecuencia que la oferta iguale a la demanda, evitándose escasez o sobreoferta, ambas situaciones antieconómicas que suponen despilfarro de recursos. La consecuencia de los precios máximos es la escasez, como lo demuestra la teoría y como lo muestra la experiencia.

Es por ello que resulta preocupante que en el artículo 9 del anteproyecto de la Ley Federal de Competencia Económica, que presenta Peña Nieto al Congreso, se proponga, ni más ni menos, que la imposición gubernamental de precios máximos. Cito. Fracción I: “Corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal determinar mediante decreto los bienes o servicios que podrán sujetarse a precios máximos, para lo cual podrá escuchar la opinión de la Comisión”. Fracción II: “La Secretaría (de Economía), sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades, fijará los precios máximos que correspondan a los bienes o servicios referidos en la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto”, todo lo cual es un enorme despropósito, que debe llevarnos a preguntar ¿en manos de quién está la redacción y promulgación del marco jurídico de la economía mexicana?

El fundamento de este enorme despropósito se encuentra en el capítulo económico de la Constitución, en concreto en el tercer párrafo del artículo 28, en cual se apunta, y cito textual, que “las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular” y eso, hacer cumplir la Constitución, es lo que se pretende con la intención expresada en las fracciones I y II del artículo 9 de la mentada ley de competencia económica.

El problema, de entrada, está en la Constitución, no en la ley, lo cual viene a confirmar lo que, en este mismo espacio, he señalado varias veces: la reforma estructural más importante, la de la eliminación –sí, ¡eliminación!– del capítulo económico de la Constitución, sigue pendiente, y mientras lo siga existirá la posibilidad, con una elevada probabilidad hoy en día, de manipulaciones gubernamentales de precios, cuyas consecuencias siempre –sí, ¡siempre!– generan situaciones antieconómicas, como lo es la escasez, consecuencia de la imposición de precios máximos.

Por último subrayar que en la fracción II se dice que se fijarán los precios máximos que correspondan a las mercancías referidas en la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto, ¡siendo que son los precios máximos los que ocasionan escasez, es decir, insuficiencia en el abasto! ¿Quién redactó las fracciones I y II del artículo 9 de la nueva Ley Federal de Competencia Económica? Un ignorante en materia de economía.



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