MIÉRCOLES, 25 DE JUNIO DE 2014
Leyes: buenas intenciones, malos resultados (II)

¿A quiénes deben ir dirigidos los apoyos por parte del gobierno en esta crisis provocada por el Covid19?
A las personas
A las empresas
Sólo a las Pymes
A todos
A nadie



El punto sobre la i
“El gobierno es un mal necesario”
Thomas Paine


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Arturo Damm







“El análisis tradicional del derecho se pregunta por la intención del legislador al promulgar una ley. El análisis económico del derecho se pregunta por las posibles consecuencias de esa ley una vez promulgada. ¿Cuál de los dos es el que debe valer a la hora de decir si se promulga o no una ley?”


¿Qué esperan los legisladores del cambio a la fracción 3, apartado A, artículo 123 constitucional, por el cual se aumentó la edad mínima legal para trabajar de 14 a 15 años? Que ningún joven trabaje antes de los quince años, para que siga estudiando, es decir, desarrollando capital humano que, más adelante, le permitirá realizar trabajos más productivos, condición necesaria para que sean mejor remunerados. Esta expectativa, ¿se cumplirá? Pasemos del análisis tradicional del derecho, con su pregunta por las intenciones del legislador, al análisis económico del mismo, con su pregunta por las posibles consecuencias (ojo: posibles) de la ley una vez que ésta ha sido promulgada.

Consideremos, para empezar, el caso (que desafortunadamente no es uno sino muchos) de un joven, o una joven, de catorce años de edad, que no puede (ojo: no puede) seguir estudiando porque tiene (ojo: tiene) que trabajar para contribuir al gasto familiar. Con las nuevas reglas del juego –cito la fracción 3, del apartado A, del artículo 123 constitucional: “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años”– contratar a una persona menor de quince años implica violar la Constitución, que es la ley de leyes, y por ello cometer un delito, todo lo cual resulta contrario al interés de ese supuesto joven que no puede (ojo: no es que no quiera, es que no puede) seguir estudiando porque tiene (ojo: no es que quiera, es que tiene) que trabajar para contribuir al gasto familiar, y todo resulta contrario a sus intereses porque, uno, o no encontrará ningún trabajo, porque no habrá ningún empleador dispuesto a violar el precepto constitucional, con lo que ello representaría en términos de los ingresos familiares o, dos, sí encontrará un trabajo, que será ilegal, por lo que, de entrada, la remuneración será menor de la que sería si dicho trabajo fuera legal, nuevamente con lo que ello representaría en términos de los ingresos familiares, sin olvidar que, precisamente por ser ilegal, no contará con todos los beneficios con los que sí cuentan los trabajos legales.

Suponiendo la situación presentada en el párrafo anterior, ¿en que escenario están mejor los jóvenes menores de quince año que tienen (ojo: tienen) que trabajar? ¿Con la ley reconociendo esa necesidad (la de trabajar), o con la ley desconociendo esa urgencia (la de aportar ingreso a la economía familiar)?

Repito lo ya escrito. El análisis tradicional del derecho se pregunta por la intención del legislador al promulgar una ley. El análisis económico del derecho se pregunta por las posibles consecuencias de esa ley una vez promulgada. ¿Cuál de los dos es el que debe valer a la hora de decir si se promulga o no una ley? El segundo.

• Empleo • Problemas económicos de México

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