Uno de las principales causas del mediocre desempeño de la economía mexicana en las últimas tres décadas es que la productividad factorial total ha estado estancada, si no es que inclusive ha caído. Como si más leyes arreglaran los problemas, ahora el Poder Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa de la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía. El planteamiento central de esta ley es establecer lineamientos para que se diseñen programas que deriven en una mayor productividad en la economía, partiendo del hecho de que ésta es la principal fuente de crecimiento de largo plazo de la economía.

Son varios los elementos presentes en el arreglo institucional bajo el cual operan los mercados que derivan, precisamente, en una muy baja productividad y en un muy bajo crecimiento económico. Destaco cuatro.

Primero, existen enormes barreras de entrada a los mercados derivadas de una excesiva e ineficiente regulación en los tres niveles de gobierno. Una enorme cantidad de licencias y permisos que hay que obtener para abrir y hacer crecer un negocio encarecen el proceso y de ahí que una parte significativa de la actividad económica se realice en la informalidad. 57% de la Población Económicamente Activa labora en la informalidad en unidades de producción que por su naturaleza son muy pequeñas, operando con tecnologías obsoletas y sin lograr generar economías a escala, por lo que su productividad es muy baja. Al respecto, es claro que si no hay una modificación profunda en este rubro que derive en una reducción significativa de las barreras regulatorias de entrada a los mercados, este problema no se va a resolver. ¿Estarán dispuestos los que diseñan y administran la regulación a hacerla más eficiente y transparente, particularmente al nivel estatal y municipal, cuando lo que hay ahora les permite apropiarse de rentas mediante actos de corrupción?

Segundo, el diseño del sistema de seguridad social, particularmente en lo que toca a las cuotas patronales al IMSS. Bajo el sistema actual, las aportaciones patronales actúan como un impuesto al empleo formal lo cual se agrava con el programa de Seguro Popular que subsidia la informalidad. En consecuencia, es indispensable moverse hacia un sistema de seguridad social universal financiada con la recaudación tributaria basada en un impuesto generalizado al consumo, es decir, un IVA homogéneo. Si nos atenemos al compromiso del gobierno de no modificar el diseño tributario en lo que resta del sexenio, poco se podrá hacer para cambiar los incentivos para incorporarse al sector formal de la economía.

Tercero, los cambios a la Ley Federal del Trabajo en 2012 no modificaron los altos costos de despido a los que se enfrentan las empresas y, por lo mismo, prevalece que el proceso de contratación siga siendo muy caro, lo cual a su vez genera los incentivos para estar en la informalidad o, de estar en el sector formal, encarece el crecimiento de las empresas y su modernización tal que derive en una mayor productividad. Se requiere una nueva modificación a la legislación laboral que atienda este problema.

Cuarto, la estructura de la propiedad de la tierra agrícola es un desastre. Casi 20% de la fuerza laboral está ocupada en el sector agropecuario y solo contribuyen con el 4% del PIB. El sistema de propiedad ejidal y, sobre todo, el minifundista derivan en un sistema de incentivos perversos para la modernización de este sector lo que deriva en una muy baja productividad. Se requiere una profunda reforma agraria que cambie radicalmente los incentivos.

¿Atenderá la nueva ley estos problemas?