MARTES, 10 DE FEBRERO DE 2015
Conflicto de intereses

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“El problema radica no en sí es subordinado o amigo, sino en el marco institucional vigente que no define con precisión el concepto de conflicto de intereses y que no se establece una pena correspondiente.”


El nombramiento de Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública con un expreso encargo por parte del presidente de la República fue recibido con diferentes manifestaciones que van desde la incredulidad hasta la burla. El presidente, su jefe, le encargó investigar si él, su esposa o el Secretario de Hacienda habrían incurrido en un conflicto de intereses en la adquisición de las tres casas: la de Ixtapan de la Sal, la Blanca y la de Malinalco, respectivamente y que la investigación sería supervisada -avalada- por un "grupo de expertos".

La principal crítica de este nombramiento y la tarea asignada se centra en tres aspectos: a) es ingenuo, por decir lo menos, que un subordinado del presidente lo vaya a acusar de haber infringido una ley; b) que es priísta; y, c) que es amigo desde hace muchos años del Secretario de Hacienda, por lo que difícilmente lo acusaría. En mi opinión, aunque los tres argumentos pudiesen ser válidos, no van al fondo del asunto. El problema radica no en sí es subordinado o amigo, sino en el marco institucional vigente que no define con precisión el concepto de conflicto de intereses y que no se establece una pena correspondiente, además de que, como está establecido en la Constitución, el presidente de la República sólo puede ser juzgado por traición a la patria o por delitos graves del orden común.

En la presentación de Andrade como el nuevo Secretario, el presidente urgió al Congreso a legislar para la creación del sistema nacional anticorrupción. Se requiere, en efecto, de un arreglo que tenga la necesaria autonomía institucional, con un fiscal efectivamente independiente, con un Tribunal de Cuentas y con los suficientes poderes para investigar y procesar penalmente los actos de corrupción. La pregunta es si este nuevo sistema sería aprobado por el Congreso. Las perspectivas actuales al respecto no son muy alentadoras; el principal opositor a la propuesta del PAN ha sido el PRI (junto con el apoyo incondicional de su escudero, el PVEM), quienes claramente no desean que exista una efectiva rendición de cuentas ni de transparencia (respecto de esto último recomiendo la lectura del artículo de Juan Pardinas del día de ayer en el periódico Reforma).

Como he señalado en diferentes ocasiones, la corrupción es un juego de suma negativo, un fenómeno que le cuesta mucho al país al inhibir la inversión y el crecimiento económico, uno que merma el bienestar de los mexicanos. A pesar de ello, parafraseando a The Economist, nuestros legisladores al parecer no entienden que no entienden el hastío de la población y de los empresarios con la cada vez peor incidencia de corrupción en prácticamente todos los órdenes de gobierno. Tan no entienden que sólo cuatro legisladores han adoptado la iniciativa de Transparencia Mexicana y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de dar a conocer sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses, la denominada "3de3", una que debería ser obligatoria para todos los legisladores, el presidente de la República y sus secretarios, de los gobernadores y miembros de sus gabinetes, así como presidentes municipales, por lo que esto tendría que legislarse.

Los diferentes países del orbe compiten entre sí por atraer flujos de inversión extranjera directa y uno de los elementos que más pesan es la incidencia de corrupción determinada por conflictos de interés, una excesiva regulación, tráfico de influencias y opacidad en el ejercicio del poder público. México, a pesar de su posición privilegiada, sólo recibe un flujo anual de IED de 2% del PIB. ¿Sorpresivo?

• Estado de derecho • Corrupción

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