MIÉRCOLES, 13 DE MAYO DE 2015
Caso Uber: ¡Vergüenza y preocupación!

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El punto sobre la i
“Si del derecho a la vida se desprende el derecho a defenderla, del derecho a defenderla, ¿no se desprende el derecho a la portación de armas?”
Félix de Jesús


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“¡Cuidado con el gobierno!”


Leemos, en el artículo quinto de la Constitución, que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, siendo lícito todo lo que es, así lo aclara el diccionario, “según justicia y razón”.

En el artículo quinto constitucional se reconoce plenamente y garantiza jurídicamente, ¡como debe ser!, el derecho a la libertad individual para trabajar y, si somos congruentes, a la libertad de los agentes económicos para emprender, invertir, producir, distribuir, anunciar y ofrecer bienes y servicios, reconocimiento y garantía de esa libertad individual que es condición necesaria del progreso económico. Se trata de lo que los fisiócratas del siglo XVIII llamaron laissez faire, dejar hacer, siempre y cuando lo que se haga sea según justicia y razón, es decir, lícito.

Ofrecer servicio de transporte terrestre es una actividad lícita, y la prestación del mismo es el resultado de un contrato entre particulares: de la decisión del oferente de prestar el servicio a cambio de un pago, y de la decisión del demandante de realizar el pago a cambio del servicio, algo que la Constitución reconoce plenamente y garantiza jurídicamente, respetando a la libertad individual para trabajar y la propiedad privada sobre los medios de producción: sin la segunda la primera es impracticable.

Pero una cosa es lo que dice la Constitución y otra la que, en una de esas, terminan haciendo los gobernantes, quienes se han visto tentados, por presiones políticas provocadas por intereses pecuniarios, a prohibir la prestación del servicio de trasporte terrestre, y por ello los contratos entre particulares, siendo tal el caso de Uber, mismo que resulta increíble, y no por la oferta de un nuevo servicio de transporte terrestre, sino por la posibilidad de que el gobierno lo prohíba (en el peor de los casos) o lo regule (en el menos malo), lo cual supondría violar lo que reconoce y garantiza el quinto constitucional, algo que causa vergüenza y, mucho más importante, preocupación. ¡Cuidado con el gobierno!

• Competencia • Constitución • Intervencionismo

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