Pesos y contrapesos
Feb 5, 2016
Arturo Damm

Deuda pública, luz roja (III)

Analicemos la deuda no como porcentaje del PIB (el ingreso generado en México), sino como porcentaje del ingreso del Gobierno Federal, tal y como debe ser.

¿Qué porcentaje de la deuda pública, en general, y de la del Gobierno Federal, en particular, cumple con el requisito constitucional (Art. 73) de que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”, es decir, sino para su inversión en la producción de bienes y servicios cuya venta genere ingresos con los cuales liquidar los pasivos, inversiones productivas que, dicho sea de paso, son tarea del sector empresarial, no del gobierno, por lo que, de realizarlas el segundo, deberían de ser algo extraordinario: necesarias y sin interés por su realización de parte del sector empresarial.

Más allá de la respuesta, que no es fácil encontrar, analicemos la evolución de la deuda total (pesos y dólares; interna y externa) del Gobierno Federal (que excluye la deuda de organismos y empresas del sector público: Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, y otros) a lo largo de los tres primeros años del sexenio de Peña, y analicémosla, no como porcentaje del PIB (el ingreso generado en México), sino como porcentaje del ingreso del Gobierno Federal, tal y como debe ser.

En 2012, último año del gobierno de Calderón, la deuda total del Gobierno Federal sumó 4,359,953 millones de pesos y sus ingresos ascendieron a 2,452,534 millones, por lo que aquella fue equivalente al 177.8 por ciento de éstos.

En 2015, transcurrida la primera mitad del sexenio peñista, la deuda total del Gobierno Federal alcanzó 6,230,564 millones de pesos y sus ingresos sumaron 3,180,002 millones, por lo que aquella equivalió al 195.9 por ciento de éstos.

A lo largo de la primera mitad del actual sexenio los ingresos del Gobierno Federal aumentaron 727,468 millones de pesos, un 29.7 por ciento. En el mismo tiempo la deuda se incrementó en 1,870,611 millones de pesos, un 42.9 por ciento. ¿Vamos bien? Y si esa deuda no se ha invertido productivamente, al margen de lo anticonstitucional de todo el asunto, ¿cómo se pagará? El gobierno, éste y los anteriores, ¿qué responde?



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