MARTES, 29 DE MARZO DE 2016
Maternidad subrogada

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“La iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para prohibir la maternidad subrogada es una aberración y por lo mismo tiene que ser desechada.”


Es claro que una condición necesaria para lograr que el bienestar individual se maximice es una eficiente definición de los derechos privados de propiedad así como su garantía y protección por parte de un poder judicial independiente e imparcial que garantice el cumplimiento de los contratos.

Los derechos privados de propiedad pueden definirse como la asignación exclusiva de un recurso a un individuo, incluido su propio cuerpo, para que éste decida libremente su utilización, mientras que en el ejercicio de esta libertad no atente en contra de los derechos de terceros. Cada individuo es propietario de recursos escasos y, en consecuencia, tratará de asignarlos hacia aquel uso en el cual espera obtener el mayor rendimiento posible dado que ello es lo que le permitiría maximizar su ingreso y su bienestar, personal y familiar.

Lo anterior adquiere relevancia dada la iniciativa que hay en el Senado de la República para reformar la Ley General de Salud para prohibir y penar la maternidad subrogada. En esta iniciativa se penalizaría de seis a 17 años de prision a quien se involucre en la gestación subrogada, incluidos la mujer que se preste a ello, los contratantes, así como el personal del sector salud que esté involucrado. Una iniciativa de ley que a todas luces atenta en contra de la libertad individual para que cada quien decida como utilizar los recursos de su propiedad, incluido su propio cuerpo.

Cuando una mujer decide alquilar su vientre a una pareja que no puede tener hijos, aceptando que se le inserte un ovulo fertilizado para que el feto se desarrolle en su cuerpo y al nacimiento entregar el niño o niña a los padres biológicos, está ejerciendo el derecho de usar un recurso, en este caso su propio cuerpo, sin causar un daño a un tercero.

¿Debe haber una contraprestación? Para efectos prácticos, la mujer que alquila su vientre está prestando un servicio a la pareja que no puede concebir y, por lo mismo, el pago por el servicio es totalmente válido. Es un contrato mercantil de almacenamiento. Lo crucial es como se diseña el contrato (las cláusulas) y su protección judicial.

La experiencia internacional en este tipo de contratos es que en las cláusulas se establece como obligación de los contratantes pagar por la manutención de la madre subrogada durante el embarazo así como un pago final por el servicio prestado, aunque esto no necesariamente se da si se trata de un acto puramente altruista por parte de quien presta su vientre. La madre subrogada se compromete por su parte a cuidar su salud durante el embarazo (alimentación adecuada, no ingerir drogas o alcohol, etcétera) y, lo más importante, la obligación de entregar el recién nacido a los padres biológicos. Estos contratos están avalados por el poder judicial.

En estos contratos de maternidad subrogada ambas partes ganan. La pareja que no puede concebir logra su objetivo de tener un hijo natural que tiene los cromosomas de ambos. Quien alquila su vientre obtiene un ingreso por el servicio prestado, mismo que destinará a maximizar su bienestar y el de su familia al poder adquirir más bienes y servicios. Si ambas partes ganan y no se genera ningún daño a un tercero, ¿hay alguna justificación para prohibirlos? Mi respuesta es un rotundo no.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para prohibir la maternidad subrogada es una aberración y por lo mismo tiene que ser desechada. Atenta en contra de la libertad individual, en contra de las derechos privados de propiedad, en contra del Estado de Derecho.


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