Todo parece indicar que para los artífices de esta expropiación, de lo que se trata es de disolver la propiedad privada a la que conciben – fieles a la letra y al espíritu de Marx, aún hoy- como fuente de alienación y explotación; y esto se aplica incluso a la propiedad de los mismos trabajadores, mediante sus fondos de pensiones.

Aunque la medida expropiatoria del primero de mayo tuvo el efecto táctico de darle “aire” al gobierno de Evo Morales – enfrentado a distintos brotes de insatisfacción y de severa oposición regional-, sólo se entiende a plenitud dentro de un dogmático esquema ideológico: Se trata de terminar con todo vestigio de derechos de propiedad, porque la propiedad privada (Marx dixit) es la fuente y raíz de todas las alienaciones.

Esta es la tercera vez en la historia de Bolivia que un gobierno expropia para sí (usando tramposamente como pretexto el concepto de Nación, esto es: “La Nación es este gobierno específico”) los recursos energéticos. Este empeño en  intentar una medida que repetidamente ha fracasado en términos de bienestar para los bolivianos, sólo se explica como parte integral de una obcecación ideológica: El pueblo sólo se liberará a sí mismo cuando desaparezca la noción de propiedad, que lo mismo es – en la dialéctica de Marx (ver los Manuscritos de 1844, así como El Capital) – causa y efecto de la alienación del hombre.

Por eso, es perfectamente lógico (una vez que se acepta el dogma marxista) que también el patrimonio de los trabajadores, a través de las acciones de las empresas hoy expropiadas que adquirieron mediante sus fondos de pensiones, también sea objeto del despojo: No se puede permitir ningún tipo de apropiación individual, ni siquiera la de los fondos de pensiones, y toda relación del hombre con el fruto de su trabajo debe ser “salvada” de la enajenación mediante la organización social del trabajo efectuada por el Estado, que aquí – como en muchos otros países subdesarrollados- se confunde con el gobierno específico.

Desde el punto de vista práctico, sin embargo, esto será un desastre económico, especialmente para los bolivianos. La fuga hacia delante sólo garantiza un pésimo manejo de esos recursos naturales. Y es que aquí opera otro mito favorito de los nuevos populismos: “Los recursos del subsuelo ya son en sí mismos una gran riqueza, a despecho de que permanezcan sin explotar o de que sean mal administrados o derrochados”. Así, se ha difundido popularmente la imagen de que el pobre pueblo bolivano está sentado, muriéndose de hambre, sobre un tesoro inmenso (antes fueron la plata y el estaño; hoy es el gas natural), sin darse cuenta de que lo que impide el aprovechamiento inteligente de esos recursos en beneficio del mismo pueblo NO es la participación de tal o cual empresa privada (nacional o extranjera) con derechos de propiedad, sino precisamente la atávica falta de derechos de propiedad individual de tales recursos. Sin derechos de propiedad no hay posibilidad de aprovechar inteligentemente esa riqueza potencial.

Esta, en el fondo, es una reedición lamentable de la gran tragedia de muchos países latinoamericanos, rehenes de dogmatismos ideológicos trasnochados.