LUNES, 25 DE JULIO DE 2016
Estado de derechos, ¿cuánto cuesta? (I)

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“Por mucho que nos duela a los liberales, ninguna Constitución es garantía de la libertad.”
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“Dada la progresividad con la que se conciben los derechos humanos, el Estado puede expandirse, tal y como seguramente sucederá, hasta que el presupuesto aguante.”


Uno es el Estado de Derecho (con mayúscula y en singular), que defino como el gobierno de las leyes justas, y otro el Estado de derechos (con minúscula y en plural), que defino como el gobierno de las leyes injustas. Son justas las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos, ¡que realmente lo sean!, de la persona. Son injustas las leyes que pretenden, no reconocer, definir y garantizar derechos reales, sino satisfacer necesidades, identificando de manera arbitraria, y por lo tanto falaz, necesidades con derechos. El resultado de esta identificación no es el Estado de Derecho, sino el Estado de derechos, que encontramos, consecuencia de las reformas constitucionales del 2011, en el artículo cuarto de la Constitución, en el cual se afirma que los mexicanos tenemos derecho, entre algunos más, 1) a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; 2) a la protección de la salud; 3) a un medio ambiente sano; 4) al agua suficiente, salubre, aceptable y asequible; 5) a la vivienda digna y decorosa; 6) al acceso a la cultura; 7) a la cultura física y la práctica del deporte.

¿Qué tenemos? Una serie de necesidades identificadas caprichosamente, y por ello falsamente, con derechos, con la obligación del Estado, que para efecto práctico es el gobierno en turno, de garantizarlos, tal y como se afirma en el artículo cuarto. Además, en el artículo primero constitucional se señala que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, derechos entre los que se cuentan los mencionados en el artículo cuarto. Ojo: el Estado debe no solo promover, respetar y proteger tales derechos, sino garantizarlos. Por esto último es que podemos hablar de un Estado de derechos, mismo que, dada la progresividad con la que se conciben los derechos humanos, puede expandirse, tal y como seguramente sucederá, hasta que el presupuesto aguante. Sí, el presupuesto.

Continuará.

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