LUNES, 1 DE MAYO DE 2017
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“Si del derecho a la vida se desprende el derecho a defenderla, del derecho a defenderla, ¿no se desprende el derecho a la portación de armas?”
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“¿Qué debe hacer el gobierno mexicano? Una reforma tributaria que tenga como fin, no recaudar más, sino elevar la competitividad de la economía mexicana.”


La iniciativa de Trump para reducir el impuesto a las ganancias empresariales del 35 al 15 por ciento, de concretarse, colocará a la economía mexicana en una posición difícil, desde el momento en el cual, con un impuesto a las ganancias empresariales del 30 por ciento, ¡el doble del que podría cobrarse en Estados Unidos!, le restará competitividad frente a la estadounidense, competitividad que es la capacidad de una economía para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos.

¿Qué debe hacer el gobierno mexicano? Una reforma tributaria que tenga como fin, no como lo han tenido las “reformas” recientes, como fue el caso de la del 2013, recaudar más, como si más gasto gubernamental diera como resultado mayor crecimiento económico, sino elevar la competitividad de la economía mexicana. Este tiene que ser el fin de la reforma tributaria, algo que los encargados de llevarla a cabo, tanto desde el poder Ejecutivo, como desde el Legislativo, no tienen claro, y la muestra es el engendro tributario que padecemos, que le resta competitividad a la economía mexicana, y le restará más si en los Estados Unidos se aprueba la propuesta tributaria de Trump.

Ya se escuchan voces que afirman que el gobierno mexicano no tiene margen de maniobra para realizar una reforma tributaria que reduzca impuestos, y que no lo tiene por los gastos con los que ya está comprometido, lo cual es cierto e implica que, para bajar impuestos, lo primero que el gobierno debe hacer, si no ha de salirnos más caro el caldo que las albóndigas, es reducir su gasto, reducción que sí cuenta con tela de donde corta, ya que el gobierno gasta en muchas cosas en las que no debería gastar. El problema son las clientelas presupuestarias, grupos de interés que reciben alguna partida del presupuesto, que, ante cualquier recorte en “su” tajada, reaccionarían en contra, como ya lo han hecho en el pasado, reacción que el gobierno teme.

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