Los últimos artículos los he dedicado a resaltar la importancia de que los agentes económicos enfrenten reglas formales eficientes que normen su comportamiento e interacción. En el de la semana pasada resalté que la principal función del marco legal es la definición de los derechos privados de propiedad en sus tres componentes: derecho a la posesión de bienes y recursos, derecho a la libre utilización de estos respetando siempre los derechos de propiedad de terceros y derecho a la transferencia de estos mismos bienes y recursos a través de transacciones enteramente voluntarias, tanto en los mercados internos como con los del exterior y pregunté ¿el actual gobierno está dispuesto a garantizar la inviolabilidad de estos tres derechos?

En este artículo quiero profundizar en el punto de la libertad para contratar como condición para que las transacciones sean efectivamente voluntarias. Cuando dos agentes económicos se involucran voluntariamente en una transacción lo hacen porque esperan obtener a cambio un beneficio; ningún agente, actuando racionalmente, se involucraría voluntariamente en una transacción que conlleva la transferencia de los derechos de propiedad esperando perder. Por lo mismo, cada individuo y empresa deben tener la libertad para contratar con aquella contraparte con quien el beneficio esperado sea el mayor posible.

Desde el punto de vista de los individuos hay dos aspectos relevantes al referirnos a la libertad para contratar. El primero es como poseedor de un recurso con uso productivo, sea capital físico y/o capital humano y el segundo como consumidor. Como propietario de un recurso, el individuo buscará utilizar ese capital en aquella actividad en la cual el rendimiento esperado sea el mayor ya que ello le permitiría, en principio, contar con la máxima cantidad posible de recursos que destinaría a la adquisición de bienes y servicios de consumo y buscar maximizar el nivel de bienestar de su unidad familiar, lo cual nos lleva al segundo punto. Actuando como consumidores, los individuos tendrán un mayor nivel de bienestar cuando pueden elegir libremente a que empresa le van a adquirir los bienes, de forma tal que buscarán comprárselo a aquella que se los venda al menor precio (ajustado por la calidad).

Desde el punto de vista de las empresas, éstas buscarían vender el bien que producen al mayor precio posible. Sin embargo, si otras empresas ofrecen este mismo bien o un sustituto cercano, su capacidad de fijar el precio está limitada por la competencia que enfrentan.

Así, la libertad para contratar significa que todos los mercados (bienes, servicios y factores de la producción) operen en condiciones de competencia. Cuando esto se da y no existen fallas significativas de mercado como son información asimétrica, barreras de entrada y salida o externalidades, se tiende a maximizar simultáneamente el bienestar de los consumidores y de los productores. Y es aquí en donde entra la segunda función del marco legal: generar las condiciones regulatorias para que los mercados operen en competencia.

Es papel del gobierno es diseñar y establecer reglas formales que procuren que no haya barreras significativas de entrada y salidas de los mercados ni que entorpezcan la movilidad sectorial y regional de los recursos, capital y mano de obra. Así mismo es su función, a través de un órgano autónomo, perseguir y penalizar cualquier práctica monopólica ya que ello implica una transferencia de rentas de los consumidores hacia quienes ejercen tal práctica con la consecuente reducción de su bienestar. Y, en la misma línea, el gobierno no puede ofrecer monopólicamente bienes privados como gasolina y electricidad, ya que ello viola la libertad para contratar.

¿Está dispuesto el gobierno a garantizar la libertad para contratar y generar las condiciones institucionales para que esto se dé?

*Artículo publicado originalmente en El Economista