Pesos y contrapesos
Sep 13, 2019
Arturo Damm

Impuestos, la justificación moral

Qué autoridad moral tiene un gobierno para exigirle a los ciudadanos que le entreguen parte del producto de su trabajo, si ese gobierno es incapaz de garantizarles la vida, la libertad y la propiedad.

Si no se crean nuevos impuestos, ni se aumentan las tasas de los que ya se cobran, pero se pretende elevar la recaudación, no hay más que tres maneras de hacerlo: o se elimina la evasión (quienes no pagan lo que, conforme a la ley, deberían pagar); o se elimina la elusión (quienes, aprovechado las oportunidades que ley les da, pagan menos de lo que podrían); o se les empieza a cobrar impuestos a quienes, por las razones que sean, no se les cobraba.

En la miscelánea fiscal 2020 el Ejecutivo no propone nuevos impuestos, pero sí elevar algunos de los que ya se cobran (el caso del impuesto a las ganancias por intereses) y empezar a cobrarle a quienes no se les ha cobrado (el caso de quienes se dedican a las ventas por catálogo). Habrá que ver qué dispone el Legislativo, pero, disponga lo que disponga, ello será ley. Legalmente el gobierno tendrá el derecho de cobrar esos impuestos y el contribuyente la obligación, también legal, de pagarlos, por lo que, de no hacerlo, se hace acreedor a una sanción.

En el tema de los impuestos, antes que lo legal, importa lo moral, ya que una cosa es que la ley faculte al gobierno a recaudar impuestos y otra muy distinta que tenga la autoridad moral para hacerlo, misma que adquiere si realiza, honesta y eficazmente, sus tareas, entre las cuales hay dos irrenunciables: las relacionadas con la seguridad y la justicia, tareas que, en el caso del gobierno mexicano, dejan mucho que desear.

Hay que tener claro que cobrar impuestos implica que el gobierno obliga al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo, lo cual, si aceptamos que la persona tiene el derecho al producto integro de su trabajo, debe encontrar la justificación correcta, que no puede ser otra más que la realización, honesta y eficaz, de esas dos tareas irrenunciables del gobierno: garantizar la seguridad de los ciudadanos y, de fallar, impartirle justicia. Allí donde el gobierno realiza estas dos tareas con honestidad y eficacia hay Estado de Derecho. Allí donde no lo que hay es Estado de chueco. En México, ¿el Estado es de Derecho o de chueco?

Qué autoridad moral tiene un gobierno cuya cabeza, que en este caso es AMLO, frente al grave problema de delincuencia (desde la inseguridad hasta la impunidad) que padecen muchos mexicanos, al referirse al tema dice: “Les estamos llamando (a los delincuentes) a que le bajen, a que se porten bien. Al carajo la delincuencia, fuchi, guácala”, sin olvidar el llamado para que los delincuentes, antes de delinquir, piensen en sus madrecitas. Qué autoridad moral tiene un gobierno así para exigirle a los ciudadanos que le entreguen parte del producto de su trabajo, si ese gobierno es incapaz, en más casos de los que serían aceptables, de garantizarles la vida, la libertad y la propiedad.



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El problema, para los dictadores, es que no pueden eliminar la libertad del ser humano. Sólo pueden prohibir su ejercicio, prohibición a la que se opone, precisamente, la libertad.

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