La Alianza de Derechos de Propiedad publicó su informe 2019 del Índice Internacional de Derechos de Propiedad. En éste se analizan, para 131 países, el estado que guardan la protección de estos derechos, tanto de la propiedad física como intelectual.

Como he señalado, en México tenemos un grave problema en esta materia inclusive desde su definición en el artículo 27 constitucional. Tal como está establecido, en nuestro país la propiedad privada es un derecho derivado (no natural) dado que todos los recursos (tierra, agua, subsuelo y espacio aéreo) son considerados como propiedad originaria de la Nación, la propiedad privada puede ser expropiada por causa de interés público mediante (no previa) una indemnización y la Nación (es decir el gobernante en turno) “tendrá en todo tiempo el derecho de imponer sobre la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público ...”.

Una ineficiente definición de los derechos privados de propiedad, junto con el siempre presente riesgo expropiatorio, inhiben la inversión privada, el crecimiento y el desarrollo y esto se agrava aún más cuando estos derechos que incluyen el derecho a la posesión, a la libre utilización y a la libre transferencia no están eficientemente defendidos por un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito que los proteja contra actos de terceros, incluidos actos de gobierno.

Como en otros indicadores de comparación internacional, en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, México se sitúa a media tabla, lo que en gran medida explica el mediocre desempeño de la economía mexicana y que también sea un país de desarrollo medio. En este índice, de los 131 países considerados, estamos situados en el lugar 71 con un puntaje de 5.23 (Canadá y Estados Unidos, nuestros socios en el TLCAN se sitúan en los lugares 11 y 12 respectivamente). En la región latinoamericana y del Caribe, estamos en el lugar nueve de 21, siendo Chile el primer lugar regional y Venezuela el último.

Como lo señalan otros índices, en el de Derechos de Propiedad se resalta que las mayores debilidades institucionales que tenemos en México son, por una parte, la notoriamente deficiente protección judicial de los derechos de propiedad y, por otra, la muy elevada incidencia de corrupción. En el apartado “Sistema legal y político” (en donde nos situamos en lugar 106), se tiene que los lugares asignados a los subíndices fueron: independencia judicial 102, estado de derecho (rule of law) 97 y combate a la corrupción 116.

Por lo que respecta a la evaluación de la protección misma de los derechos de propiedad, en lo que toca a la propiedad física México se situó en el lugar 81 (reflejando la muy elevada incidencia de inseguridad y de impunidad en la comisión de delitos) y en lugar 51 en la protección de los derechos de propiedad intelectuales (reflejando la alta incidencia de piratería de marcas y patentes).

Es claro que si México no avanza hacia una más eficiente definición y sobretodo protección de los derechos privados de propiedad no se reducirá el elevado costo para crecer a mayores y sostenidas tasas, condición mínima necesaria para poder alcanzar mayores niveles de desarrollo económico. A pesar de ello, varias acciones tomadas por el gobierno de AMLO van en sentido contrario, como lo son la arbitraria cancelación del aeropuerto en Texcoco, la ley de extinción de dominio que le permite al gobierno, sin juicio previo y condena de culpabilidad apropiarse de bienes privados y la intención de permitir que por una sospecha o denuncia y sin mandato judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar cuentas en el sistema financiero. Con estas acciones, el desempeño económico seguirá siendo más que mediocre.

*Artículo publicado originalmente en El Economista