El Econoclasta
Ene 7, 2020
Isaac Katz

El reto

El reto es que el presidente se convenza de que hay que cambiar la estrategia corrigiendo varias de las decisiones que tomó el año pasado. Que se dé cuenta que las reglas y la certeza jurídica importan.

El presidente señaló que no va a modificar su estrategia porque ésta ha funcionado, “porque vamos bien” dice y argumenta que prueba de ello es que la inflación se ha mantenido baja (aunque este resultado depende más de la política monetaria), de que no se ha incurrido en mayor deuda, de la estabilidad del tipo de cambio, el aumento del salario mínimo y mayores niveles de desarrollo, sin aportar un solo dato para sustentarlo.

Toda la evidencia, sin embargo, apunta a lo contrario: la economía está estancada y es muy probable que inclusive el PIB haya caído (la primera vez desde 2009 como consecuencia de la “gran recesión mundial” y la primera, desde 1995, que es generada casi íntegramente por causas internas), mientras que la inseguridad y la impunidad siguen aumentando.

La estrategia de crecimiento, cualquiera que sea (porque ni eso queda claro más allá de tres grandes proyectos de infraestructura con rentabilidad social negativa e inyectarle una ingente cantidad de recursos a PEMEX que tiene un plan de negocios sin sentido a costa de restringir el gasto público y en particular la inversión en casi todos los otros sectores con el pretexto de eliminar la corrupción), claramente no está funcionando si lo que se quiere es una tasa significativamente mayor de expansión del PIB, requisito básico para, efectivamente, lograr mayores niveles de desarrollo (aunque igual me equivoco dado que él señaló que lo importante no es el crecimiento sino el desarrollo, lo que ello quiera decir).

No queda duda de que el estancamiento experimentado es el resultado, principalmente, de una pérdida de la confianza derivada de la incertidumbre jurídica ante decisiones impetuosas (como fue la cancelación arbitraria del aeropuerto en Texcoco) y cambio de reglas (como la Ley de Extinción de Dominio, la cancelación de las asociaciones con el sector privado en producción de petróleo y las decisiones en materia de la participación privada en generación de energía eléctrica). Esto se tradujo en una significativa caída de la inversión privada, sobre todo nacional pero también extranjera, a lo cual hay que agregar una significativa reducción en la adquisición de bienes de consumo duradero ante el estancamiento mismo pero más aún por las expectativas de menor ingreso permanente. El superávit observado en la cuenta corriente de la balanza de pagos indica que México está transfiriendo al exterior ahorro generado internamente.

Es claro que seguir con la misma estrategia lo único que garantiza es experimentar muy bajas tasas de crecimiento con una expectativa para este año de entre 0.5 y 1%, más aún cuando una de las principales fuentes de expansión, las exportaciones manufactureras, posiblemente se contraigan ante el menor crecimiento de la industria manufacturera estadounidense. La muy baja tasa de crecimiento de la economía mexicana implica no sólo una menor creación de empleos formales sino también la imposibilidad de reducir la alta incidencia de pobreza (las transferencias corrientes no son la solución de largo plazo) y pone en riesgo los ingresos tributarios del gobierno (no hay que olvidar que éstos se estimaron suponiendo que la economía crecería 2%) y en consecuencia la meta de superávit primario de las finanzas públicas, con lo que ello implica sobre la calificación de la deuda soberana (la cual puede caer incluso cuando la deuda de PEMEX sea degrada a categoría “basura”).

En este escenario, el reto es que el presidente se convenza de que hay que cambiar la estrategia corrigiendo varias de las decisiones que tomó el año pasado. El reto es que se dé cuenta que las reglas y la certeza jurídica importan.

*Artículo publicado originalmente en El Economista



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