Uno de los mayores problemas que tiene la economía mexicana es, sin lugar a dudas, la alta incidencia de informalidad, donde hay dos dimensiones. La primera es de empresas que producen bienes legales pero que no están constituidas formalmente es decir, no están registradas como patrones ante las autoridades laborales y de seguridad social ni ante las tributarias y que producen la cuarta parte del PIB (para distinguirla de aquellas unidades productivas que producen y distribuyen bienes ilegales como drogas y que por su naturaleza ilícita son informales). La segunda es la informalidad laboral que abarca aquellos trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social (IMSS, SAR e Infonavit), mismos que pueden estar laborando para empresas formalmente constituidas (como pueden ser comisionistas o aquellos que, ilegalmente, no son registrados ante el IMSS por sus patrones) o trabajadores por su cuenta (como agentes individuales de bienes raíces, taxistas, repartidores de comida rápida, etcétera) y, obviamente, aquellos que laboran en empresas informales y que en conjunto representan el 52% del total de  los trabajadores. Ambos tipos de informalidad (de empresas y de trabajadores) se constituyen como un lastre al desarrollo económico y es necesario, desde el diseño e instrumentación de la política pública atacarlo. Hay tres elementos que considerar.

El primero son las altas barreras regulatorias de entrada y salida de empresas de los mercados que existen en los tres niveles de gobierno, aunque predominan las de carácter estatal y municipal. Crear formalmente una empresa y lograr su crecimiento implica incurrir en altos costos, por lo que es indispensable moverse hacia un esquema de menores y más eficientes regulaciones. Esto no solamente reduciría estos costos sino que también sería un elemento que permitiría abatir significativamente la corrupción ya que si la regulación es ineficiente y poco transparente, le permite a los funcionarios que la administran actuar como buscadores de rentas, teniendo la discreción para otorgar, negar, condicionar o vender determinado permiso o licencia, además de que puede generar prácticas monopólicas con el daño que ello representa para los consumidores, sobre todo para los de menor ingreso.

Un segundo elemento lo constituyen los altos costos de despido de los trabajadores, lo que se traduce en un sesgo en contra de la contratación y del empleo formal. Reducir estos costos mediante un seguro transitorio de desempleo financiado con aportaciones del gobierno y los trabajadores eliminaría este sesgo y contribuiría a la creación y formalización de empresas y modernización tecnológica de las empresas, así como una menor informalidad laboral.

Uno tercero lo constituyen las altas cuotas patronales a la seguridad social y que representa un impuesto implícito al empleo formal, además de encarecer el crecimiento de las empresas. Reducir estas cuotas y financiar la seguridad social universal con la recaudación general de impuestos. Obvio, para ello se requiere una reforma tributaria que incluya la homogeneización del IVA y una reducción en la tasa del ISR sobre las utilidades de las empresas.

La alta informalidad de empresas implica que son unidades de producción muy pequeñas, sin capacidad para generar economías a escala (por lo que sus costos unitarios de producción son elevados), con tecnologías obsoletas y empleados con relativamente bajos niveles de capital humano y, consecuentemente, son muy poco productivas, constituyendo un lastre al crecimiento económico, mientras que por su parte, la alta informalidad laboral está íntimamente ligada con la pobreza laboral.

No modificar el entorno institucional, las reglas, que inducen ambos tipos de informalidad significa seguir teniendo una significativa barrera al crecimiento y al desarrollo económico.

*Artículo publicado originalmente en El Economista