La frase de Robespierre parte del hecho (mucho más que un mero supuesto, aunque muchas veces no se reconozca) de que los derechos del ser humano, que lo son a la vida, la libertad y la propiedad, son anteriores y superiores al Estado, sus leyes y sus gobiernos, y que la única tarea que justifica su existencia es la de reconocerlos plenamente, definirlos puntualmente y garantizarlos jurídicamente, todo lo cual se logra en el Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, siendo justas las leyes que, precisamente, reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente tales derechos, lo cual supone (mucho menos que un hecho, desafortunadamente) que la tarea de los gobiernos, que en cada momento concretan al Estado, y que en cada momento deben hacer valer las leyes, debe ser la de prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros, daño que se hace contra la vida, la libertad o la propiedad de las personas y, de fallar la prohibición, castigar a quien haya dañado a alguien más y resarcir, cuando sea posible, a quien haya sido dañado.

Las tareas del gobierno deben ser, uno, garantizar la seguridad contra la delincuencia, que comienza por la prohibición de hacernos daño los unos a los otros y, dos, impartir justicia, que se procura al castigar al delincuente y al resarcir a su víctima, segunda tarea del gobierno que supone el fracaso de la primera, lo cual plantea la siguiente pregunta: ¿y si también fracasa en la realización de la segunda? ¿Y si ese fracaso, no es excepcional, sino habitual? ¿No consiste en ese fracaso la principal violación de derechos del gobernado de parte del gobernante? Si aceptamos que el derecho del gobernado es el de recibir, de parte del gobernado, la protección de sus derechos contra de la delincuencia, razón por la cual la obligación del gobernante (el derecho de uno siempre supone la obligación de otro) consiste en reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente esos derechos, entonces, aceptado lo anterior, si el gobierno falla a la hora de proteger esos derechos, ¿no viola un derecho de los gobernados, precisamente aquel que los gobernados tienen frente a los gobernantes? De ser así, según Robespierre, los gobernados tienen el derecho, que más que un derecho natural es una obligación moral, de levantarse en contra del mal gobierno, independientemente de cuál sea la causa de ese mal, que puede ser desde mala voluntad hasta poca eficacia, lo cual supone que no pocos gobiernos, ¡comenzando por el mexicano!, deberían de ser, por las buenas o por las malas, depuestos.

El problema es más grave ya que hoy muchos gobiernos no solamente no son capaces, con honestidad y eficacia, de proteger los derechos de los gobernados, sino que son los gobiernos, y aquí hay que puntualizar: todos los gobiernos, los que violan tales derechos, sobre todo a la libertad individual y a la propiedad privada, tal y como sucede, ¡se trata del ejemplo más claro!, cada vez que el gobierno redistribuye (¡y hoy gobernar es sinónimo de redistribuir, tal y como se comprueba revisando el presupuesto de egresos de cualquier gobierno!), es decir, cada vez que, por el cobro de impuestos, el recaudador obliga a unos a entregarle parte del producto de su trabajo para dárselo a otros, lo cual no pasa de ser un robo, que limita la propiedad privada y, dado que la misma es la condición de posibilidad de la libertad individual, coarta también esta última, siendo que la única tarea que justifica la existencia del gobierno es, exactamente, la contraria: reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de la persona a la vida, a la libertad y a la propiedad, vida, libertad y propiedad que hoy se ven amenazadas, en primera instancia, por los gobiernos, y aquí, una vez más, hay que puntualizar: por todos los gobiernos.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.