DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011
El punto sobre la i
¿Usted considera un triunfo para México el acuerdo al que llegó con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles?
No
No sé

Arturo Damm





“El empresario no puede comprar favores a un burócrata que no tiene favores que vender.”
Sheldon Richman

La compra venta de favores entre empresarios (compradores) y burócratas (vendedores) es la esencia del mercantilismo, definido como el contubernio entre el poder económico (empresarios) y el político (burócratas), contubernio que a su vez se define como una cohabitación ilícita, e ilícita, en este caso, por dos razones: 1) porque desde el punto de vista económico es ineficaz y 2) porque desde el punto de vista moral es injusta.

¿Qué obtiene el empresario de esa cohabitación? Protección, otorgada por el burócrata, contra la competencia, protección que puede desde eliminar la competencia (cierre de fronteras a las importaciones) hasta limitarla (imposición de cuotas o aranceles), permitiéndole al empresario protegido ofrecer su mercancía a un precio mayor del que podría ofrecerla si estuviera sujeto a la mayor competencia posible en su mercado, todo ello en contra del bienestar de los consumidores. Dado que el problema económico es el de la escasez – no todo alcanza para todos, y menos en las cantidades que cada uno quisiera -, todo aquello que, de manera artificial, como artificial es el mercantilismo, eleve los precios debe ser rechazado, como debe ser rechazado cualquier tipo de protección otorgada por el burócrata a favor del empresario.

La protección de la competencia es económicamente ineficaz, ya que agrava, por obra y gracia del aumento de precios, el problema de la escasez, afectando a los consumidores quienes, por tener que pagar un precio mayor por el producto no sujeto a la competencia (que sería la consecuencia, por ejemplo, del cierre de fronteras a las importaciones), o no sujeto a toda la competencia a la que podría estar sujeto (que sería la consecuencia, por ejemplo, del cobro de aranceles o de la imposición de cuotas), ven limitadas sus posibilidades de comprar otros bienes o servicios y, por lo tanto, de elevar su nivel de bienestar. Todo ello es económicamente ineficaz.

Pero los favores otorgados por los burócratas a los empresarios, que siempre se traducen, de una u otra forma, en algún tipo de protección contra la competencia, no solamente resultan económicamente ineficaces, en el sentido de que sus consecuencias son antieconómicas, sino que también son moralmente injustos, y ello es así porque el gobierno, a través del burócrata que otorga el favor, favorece a un tipo de gobernado (el empresario) y perjudica a otro (el consumidor), siendo que la acción del gobierno, sobre todo en el campo de la economía, debe ser neutral. ¿Dónde queda la legitimidad de un gobierno que, al beneficiar a ciertos grupos de gobernados (por ejemplo: los empresarios, protegiéndolos de la competencia), perjudica a otros (por ejemplo: los consumidores, quienes tienen que pagar un precio mayor por los productos protegidos de la competencia)?

Claro que, como lo señala Richman, el empresario no puede comprar favores a un burócrata que no tiene favores que vender, lo cual quiere decir que el burócrata no privilegia al empresario con algún tipo de protección de manera gratuita, por estar convencido de que lo mejor es el nacionalismo económico - ¡fuera las importaciones!; ¡viva la producción nacional! -, sino por el beneficio, que puede ser desde pecuniario (mucho dinero) hasta político (incondicional), que de esa venta obtiene, burócrata que puede ser, sobre todo, un legislador, que redacta y promulga una ley a favor de los intereses, sobre todo pecuniarios, del empresario dispuesto a pagar por ese favor. Para evitarlo se requieren reglas del juego inspiradas en el décimo mandamiento del Decálogo para el buen comportamiento del gobierno, que a la letra dice: “Reconocerás (tú, gobierno) que tu tarea en la economía no es la de intervenir en las decisiones, elecciones y acciones que los agentes económicos lleven a cabo, sino la de minimizar el costo de transacción de las mismas; no es la de modificar, de manera coactiva y a favor de uno de ellos, los acuerdos a los que lleguen productores y consumidores, oferentes y demandantes, sino la de velar por el cumplimiento de los mismos; no es la de participar como productor de bienes y servicios, mucho menos la de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica de las personas”.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.


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