El punto sobre la i
Abr 30, 2012
Arturo Damm

Si alguien es un verdadero servidor público, ese no es el político. Lo es el comerciante de la localidad.

Art Carden

¿En qué momento nos creímos el cuento de que los políticos son servidores públicos, esencialmente servidores públicos, nada más que servidores públicos, entendiendo por tales servidores del público? Puntualizo, ¿en qué momento creímos que los gobernantes deben ser servidores públicos, lo cual, si por ello entendemos servidores del público, abarca desde ser ángel de la guarda, y preservar al público de todos los males, hasta hada madrina, y concederle al público todos los bienes?

¿Cómo saber quién es, ¡de verdad!, un servidor del público, es decir, un verdadero servidor público? Muy sencillo: servidor del público es aquel por cuyos servicios el público está dispuesto a pagar un precio, tal y como sucede en el caso, uno entre muchos, del comerciante de la localidad, a quien el público, libremente, ¡por conveniencia!, le paga el precio de las mercancías que ofrece. ¿Muy sencillo?, tal vez no tanto, porque más de uno podrá argumentar que desde el momento en el que el comerciante cobra un precio por las mercancías que ofrece, por ese hecho, ¡clara muestra del egoísmo que lo mueve!, no puede ser considerado un verdadero servidor, porque verdaderos servidores son los que sirven gratuitamente, tal y como lo hacen aquellos a quienes tradicionalmente se les califica como servidores públicos: los gobernantes. Vamos por partes.

La mejor muestra de que alguien sirve es el hecho de que la persona servida está dispuesta a pagar por el servicio: dado que me sirve estoy dispuesto a pagar por ello, disposición que supone la libertad para decidir pagar o no pagar, tal y como sucede en el caso del comerciante de la localidad, servidor del público frente al cual el público tiene la libertad de decidir sí compro o no compro.

En el caso del servidor público gubernamental las cosas son distintas. En primer lugar no es verdad que el mismo sirva de manera gratuita: cobra impuestos. En segundo lugar, y dado que cobra impuestos, a quienes sirve les cobra, bajo amenaza, por el servicio que les presta, momento de preguntar ¿quiénes están dispuestos a pagar voluntariamente, sin necesidad de que se los cobren bajo amenaza, por los servicios que ofrece el servidor público gubernamental (con la excepción de los dos únicos servicios que, en una sociedad de hombres libres, debe proveer el gobierno: garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia), servicio que en muchos casos, desde el punto de vista de la persona a la que se supone sirve, puede no ser tal, pudiendo llegar a ser todo lo contrario.

Los servicios que prestan los servidores públicos gubernamentales suponen la redistribución, es decir, el quitarle a unos para darle a otros, lo cual es robo con el pretexto del bien común, de la justicia social, de la distribución equitativa de la riqueza, y demás entelequias por el estilo, redistribución que supone obligar a que unos, por intermediación del servidor público gubernamental, le hagan el bien a otros (bien a otros que debe ser resultado de la libre voluntad de cada quien, no de alguna imposición(1)), otros que entonces son tratados como meros medios, violándose el imperativo categórico de Kant que apunta lo siguiente: “Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio”.

Servidor del público es aquel a quien el público libremente elige como tal, elección que se muestra en la intención de pagar un precio a cambio del servicio que se obtiene. Desde este punto de vista, ¿cuántos servidores públicos gubernamentales son verdaderamente tales, tal y como sí lo es el comerciante de la localidad?
Por ello, pongamos el punto sobre la i.


(1) Véase al respecto el capítulo 1, sección II - De la justicia y la beneficencia -, de La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith.

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