Para entender la afirmación de Amagi hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el problema económico de fondo es la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todos, y menos en las cantidades que cada uno quisiera, escasez que resulta menor en la medida en la que mayor sea la oferta de bienes y servicios, oferta de mercancías que aumenta gracias a las importaciones, momento de tener presente que limitar o prohibir la importación de mercancías agrava el problema de la escasez, reduciendo el bienestar de los consumidores. En segundo lugar hay que considerar que las únicas acciones que el gobierno debe prohibir y castigar son las delictivas por su propia naturaleza, siendo tales las que violan derechos de terceros, comenzando por los tres derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad, momento de tener presente que el intercambio de bienes y servicios entre personas de distinta nacionalidad (el mal llamado comercio internacional, y digo mal llamado porque bien vistas las cosas no es internacional sino interpersonal) no es una actividad delictiva por su propia naturaleza, razón por la cual no debe prohibirse, prohibición que viola el derecho a la libertad individual y a la propiedad privada.

El que el gobierno prohíba la importación de mercancías viola la libertad para comerciar (es injusto) y reduce el bienestar de los consumidores (es ineficaz), razones más que suficientes para que no las prohíba, sin olvidar lo que pasa por el lado de la oferta: en la medida en la que los oferentes de bienes y servicios se ven sujetos a la competencia tendrán que ser más competitivos (hacerlo mejor que los demás, sobre todo en términos de precios), para lo cual tendrán que ser más productivos (hacer más con menos), lo cual supone hacer un mejor uso de los factores de la producción a su disposición, factores que, por ser escasos y de uso alternativo, deben usarse de la mejor manera posible: para producir, al menor costo posible, lo que los consumidores más aprecian. Para conseguir esto último resulta indispensable la competencia, misma que aumenta gracias a las importaciones.

El contrabandista, definido como la persona que comercia con mercancías cuyo comercio está prohibido por ley (otro es el contrabandista definido como la persona que defrauda al fisco no pagando los impuestos a las importaciones), lo que hace es violar una ley injusta, que prohíbe una actividad, la comercial, que no es delictiva por su propia naturaleza, motivo por el cual no debería estar prohibida, momento de preguntar qué se debe hacer ante leyes injustas, o que prohíben lo que no deberían prohibir, o que obligan a lo que no deberían obligar. La primera respuesta puede ser: cambiarlas. De acuerdo, ¿y si, por las razones que sean, que pueden ir desde prejuicios ideológicos hasta intereses pecuniarios, no se puede? Entonces ¿qué? ¿A cruzar los brazos, bajar la cabeza y someterse como súbditos? No, a violarlas, con la conciencia tranquila de que al hacerlo no se está cometiendo una injusticia, tal y como sucede con los contrabandistas quienes, al ofrecerle a los consumidores nacionales las mercancías extranjeras que las leyes arbitrariamente prohíben, incurren en una ilegalidad (violan una ley injusta) pero no cometen delito alguno (no violan ningún derecho).

El contrabando no es una acción delictiva por su propia naturaleza, sino por definición arbitraria del gobierno, momento de recordar otra frase de Amagi: “No hay mayor amenaza contra la libertad individual y la propiedad privada que el gobierno inventando delitos”, es decir, que el gobierno definiendo como delictivas actividades| que, por su propia naturaleza no lo son, acciones definidas arbitrariamente como delictivas por el gobierno que incluyen la importación de mercancías, definiciones arbitrarias frente las que hay que revelarse, tal y como lo hace el contrabandista. Ya lo dijo H. D. Thoreau, en frase por demás provocadora, “La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad”.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.