El florentino tiene razón: entre las tareas arduas se encuentra la elaboración de leyes, sobre todo cuando, por medio de las mismas, se pretende lograr algo más que garantizar los derechos de todo ser humano a la vida, la libertad y la propiedad. Algo más, ¿cómo qué? Como otorgar privilegios a algunos, que serán injustos, pero no dejarán de ser legales, ya que estarán respaldados por la ley, que por ello degenerará en la peor degeneración que la ley puede padecer: la ley injusta.

Uno de los principales problemas, que en el ámbito de las relaciones sociales enfrentamos hoy, es la ley injusta, que otorga privilegios a algunos, imponiendo coerciones a otros, tratando de manera desigual a quienes deberían ser iguales ante ella: la única igualdad deseable es la igualdad ante la ley.

¡La única igualdad deseable es la igualdad ante la ley! ¿Lo tendrán claro quienes tienen la responsabilidad de redactarlas, promulgarlas y hacerlas cumplir? Y con relación a las leyes ya redactadas y promulgadas, leyes injustas por tratar de manera desigual a quienes deben ser iguales ante ella, trato desigual que supone el otorgamiento, por ley, de privilegios para unos y, por ello, la imposición de coerciones para otros, ¿los legisladores están dispuestos a dar la batalla por la justicia, es decir, por la igualdad de todos ante la ley, igualdad comprometida, no solamente porque la ley no se aplica de manera igual a todos, sino porque, ya desde su redacción, no trata igual a todos? Se trata, no solamente de la injusticia del poder judicial, sino de la injusticia cometida, a la hora de redactar la ley, por el poder legislativo, legisladores que redactan leyes a la medida de intereses económicos y de prejuicios ideológicos, siempre en contra de la vida, la libertad y la propiedad de alguien, alguien que, al protestar, se debe conformar con la respuesta “Es la ley”, como si la ley, sobre todo la redactada y promulgada por el ser humano, fuera más importante que la justicia.

Redactar leyes no es cuestión fácil, razón por la cual no debería ser tarea de cualquiera, siendo que en las democracias contemporáneas puede ser tarea de cualquiera: basta y sobra que ese cualquiera haya sido elegido en las urnas para que termine diciéndole a los demás, por medio de las leyes que redacta, qué puede y qué no puede hacer, poder que, en manos poco escrupulosas, ignorantes, vendidas a intereses económicos, o comprometidas con prejuicios ideológicos, puede atentar contra la vida, la libertad y la propiedad de los gobernados.

Suponiendo leyes injustas, y alguien con la voluntad para corregirlas y convertirlas en justas, ¿a qué obstáculos se enfrentará? A los ya mencionados: los intereses creados y los prejuicios ideológicos, sospechando que pesan más, mucho más, los primeros que los segundos, bien pudiendo darse el caso de alguien que alegue lo segundos para esconder los primeros: “No es cuestión de dinero – alegará -, es cuestión de principios”. ¿Será?

Cuántos legisladores, de los electos democráticamente, responderían correctamente estas preguntas. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es la esencia de una ley justa? ¿Cuáles son las tareas naturales del gobierno? ¿Qué sucede cuando el gobierno hace algo más que sus tareas naturales? ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Cuántos legisladores responderían correctamente estas preguntas? Lo que sí queda claro es que hoy, en la gran mayoría de los países, urge la elaboración de nuevas leyes, en muchos casos comenzando por la Constitución, tarea que es, según el florentino, de las más arduas.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.