Donde conviven por lo menos dos seres humanos se necesitan, formales (normas jurídicas) o informales (usos y costumbres), reglas del juego que reconozcan, definan y garanticen los derechos de cada uno, comenzando por los naturales que (lo dice Emilio Pacheco) si no existieran habría que inventarlos: vida, libertad individual, propiedad privada.

Donde conviven varios, y dado que nunca faltará quien no esté dispuesto a respetar los derechos de los demás, se necesita una organización con la legitimidad y fuerza suficientes para hacer valer los derechos de todos, organización que es el gobierno, cuya legitimidad encuentra su origen en el hecho de que, encargado de hacer respetar los derechos de las personas, no sea él el primero en violarlos, violación que puede ser ilegal (como sucede con los gobiernos dictatoriales y totalitarios, que actúan sin leyes de por medio) o legal (como sucede con el Estado Benefactor y su principal agente, el gobierno redistribuidor, que actúan con leyes de por medio), violación que, leyes o no leyes de por medio, siempre es injusta.

Para evitar posibles injusticias de parte de los gobiernos (cuyo principal poder es el de prohibir, obligar y castigar, poder que, de no estar perfectamente bien delimitado, puede degenerar en arbitrario), es que se inventaron las constituciones, con todos sus antecedentes, siendo el más conocido la Carta Magna (Magna charta libertatum: “Carta magna de las libertades”), de 1215, que limitaba el poder del monarca, limitación del poder gubernamental que, en muy buena medida, sigue siendo el principal problema jurídico y político que enfrentamos hoy, sobre todo si tomamos en cuenta que las constituciones han dado un giro de 180 grados, y de ser un límite legal impuesto al poder del gobierno se han convertido en la herramienta legal que justifica la violación de los derechos de las personas por parte del gobierno, sobre todo por la arbitraria identificación, que encontramos en muchas constituciones, de necesidades con derechos, y por la obligación del gobierno de satisfacerlas, para lo cual debe redistribuir del ingreso: quitarle a A lo que es de A para darle a B lo que no es de B, violando el derecho a la propiedad privada de A y, dado que la libertad se ejerce siempre sobre alguna propiedad, limitando su derecho a la libertad individual.

El fin de la ley positiva debe ser defender los derechos de las personas frente a posibles violaciones de parte de otras personas, para lo cual el gobierno, cuyo poder es el de prohibir, obligar y castigar, resulta indispensable. El fin de la Constitución debe ser reconocer plenamente y definir jurídicamente los derechos de las personas frente a las posibles violaciones del gobierno. El fin de la Constitución debe ser imponer límites a la acción gubernamental, misma que debe limitarse a las legítimas tareas del gobierno: garantizar la seguridad contra la delincuencia; impartir justicia en su doble vertiente: castigar al delincuente y obligarlo a resarcir a la víctima; proveer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos (de cuyo consumo no es posible excluir a alguien, y cuyo consumo no genera rivalidad), y que realmente deban ser provistos (por ejemplo: el alumbrado en las calles); ordenar la convivencia en los espacios públicos (por ejemplo: poner semáforos), y corregir o limitar externalidades negativas (por ejemplo: imponer horarios para la construcción de inmuebles que genera inconvenientes a los vecinos).

Hoy, por lo general, las constituciones no cumplen con su cometido esencial: imponer límites a la acción gubernamental, a la injerencia del gobierno en la vida de los ciudadanos. Al contrario.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.