El punto sobre la i
Jun 11, 2007
Arturo Damm

Cuando los políticos promueven y hacen leyes que ‘protegen’ a determinados productores o gremios elevan a decreto la pobreza y la improductividad.

Ricardo Medina

¿Qué justifica que el gobernante proteja (eso sí, por medio de una ley, para que, aunque injusta, la protección resulte legal) a un productor, que es, ¡no hay que olvidarlo!, un oferente de algún bien o servicio, mercancías que deben beneficiar al consumidor, y hacerlo de la mejor manera posible? ¿Qué justifica ese tipo protección?

 

La respuesta que muchos tienen en la punta de la lengua es que si no se le protege desaparecerá. De acuerdo, ¿pero por qué? Porque no pudo con la competencia, siendo de ella, de la competencia, de la que se le debe proteger, para lo cual los medios son muchos, desde prohibir la participación de cualquier otro en “su” mercado, hasta lastrar la participación de los otros, con el fin de restarles competitividad. ¿Cuáles son las consecuencias de esa protección?

 

La eliminación del único incentivo real para lograr la competitividad y, de paso, para aumentar la productividad: la competencia. Aumentar la productividad supone hacer más con menos (es decir: reducir costos de producción), y si el problema económico es el de la escasez, los incrementos en la misma son indispensables para irlo sobrellevando. ¿Y qué mejor incentivo para que los productores se esfuercen para aumentar la productividad de sus negocios que la competencia? Ser competitivo supone hacerlo mejor que los demás en cuatro frentes - costos y precios, calidad y servicio -, y para conseguirlo se requiere aumentar la productividad, es decir, bajar costos, teniéndose así la posibilidad de reducir precios, haciéndolo mejor que los demás, demás que no son otros más que la competencia. ¿Y quiénes se benefician de los avances en productividad y competitividad? Los consumidores.

 

Una empresa protegida de la competencia puede, aumentando su productividad, reducir sus costos de producción e incrementar, en la misma proporción en la que se redujeron estos, sus utilidades: dado que no tiene competencia no tiene por qué bajar sus precios, no tiene por qué ser competitiva y ofrecer su mercancía a un menor precio que la competencia. En monopolio los aumentos en la productividad solamente benefician al productor, pero no al consumidor, mismo que se beneficia de esos incrementos si, y solamente si, la empresa tiene que volverse más competitiva, para lo cual se requiere de la competencia.

 

¿Cuál debe ser el criterio para “palomear” o “tachar” una política económica? Muy sencillo: si favorece a los consumidores debe palomearse; por el contrario: si va en contra de sus intereses debe tacharse. ¿Y qué les conviene a los consumidores? Más y mejores opciones de consumo, que se logran, ¡únicamente!, por medio de la competencia, para lo cual el gobierno debe, uno, mantener abiertos, a la participación de todo aquel que quiera participar, todos (¡¡¡TODOS!!!) los sectores de la actividad económica y, dos, mantener abiertos, a la importación, todos (¡¡¡TODOS!!!) los mercados. Esto es lo justo y lo eficaz, siendo que en economía lo eficaz (más y mejores mercancías para más consumidores) es siempre resultado de lo justo (respeto a la libertad y a la propiedad, mismas que, cada vez que el gobierno le otorga protección a algún productor, se violan para el resto).

 

Por último consideremos que si un productor desaparece por obra y gracias de la competencia es porque ha sido sustituido, en las preferencias de los consumidores, por otro oferente, capaz de satisfacerlos mejor, a lo cual bien podemos llamar progreso. ¿O no?

 

Por ello hay que poner el punto sobre la i


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