El punto sobre la i
Ago 6, 2020
Arturo Damm

Me resulta muy difícil votar por alguien que va a tener poder sobre mí.

Norm Macdonald

Me resulta muy difícil votar por alguien que va a tener poder sobre mí, sobre todo si ese poder es el del gobierno, si no está correctamente delimitado, y si quien lo ejerce no está dispuesto a respetar esos límites. Y ése, el del gobierno, es el poder que, con mayor frecuencia, se ejerce sobre las personas, y el que, muy probablemente, no está correctamente delimitado. Y esos límites son los que, seguramente, la mayoría de los gobernantes no están dispuestos a respetar. ¿Cómo hacer para que se respeten siempre y en todo lugar? ¿Cómo hacer para que se establezcan correctamente?

Tres son los poderes del gobierno: obligar, prohibir y castigar, poderes que siempre se ejercen para limitar la libertad individual, por lo que la pregunta por la delimitación correcta de los mismos debe responderse desde la respuesta correcta a esta otra pregunta: ¿cuándo se justifica limitar la libertad individual? Cuando su ejercicio viola derechos de terceros. A la persona se le debe: (i) prohibir violar los derechos de los demás; (ii) castigar por haberlos violado; (iii) obligar a resarcir a la víctima de sus violaciones.

El problema surge porque debe haber un gobierno que: (i) prohíba violar derechos; (ii) castigue a quien los viole; (iii) obligue al violador a resarcir a su víctima, y para ello necesita recursos que deben salir del bolsillo de los ciudadanos. ¿Cómo? No dejando que se aporten voluntariamente (surgirían los gorrones quienes, sin aportar, sí se beneficiarían del quehacer gubernamental), sino cobrando impuestos a todos, es decir, obligando al contribuyente a entregarle al recaudador parte del producto de su trabajo y castigándolo si no lo hace, lo cual se justifica si se cumple esta condición: que el gobierno le quite a todos por igual, y que el gobierno les dé a todos por igual, de tal manera que no haya redistribución del ingreso, ni por el lado del cobro de impuestos (cobrándoles más a unos que a otros), ni por el lado del gasto gubernamental (dándoles más a unos que a otros). ¿Y qué es lo que el gobierno debe darle a todos por igual? Seguridad frente a la delincuencia y justicia ante el delincuente, lo cual supone tres cosas: (i) prohibir violar derechos; (ii) prevenir su violación; (iii) castigar al delincuente; (iv) obligarlo a resarcir a la víctima, tareas para cuya realización el gobierno necesita recursos que deben salir del bolsillo de los contribuyentes, a quienes se les obliga a pagarlos y a quienes se les castiga si no lo hacen.

Estrictamente hablando no es verdad que a la persona solo se le debe prohibir violar los derechos de los demás, castigarla por haberlos violado, y obligarla a resarcir a la víctima, ya que para que esa prohibición, ese castigo y esa obligación tengan lugar se necesita del gobierno, al que hay que financiar cobrando impuestos, es decir, obligando al ciudadano (convertido en contribuyente) a entregarle al gobierno (convertido en recaudador) parte del producto de su trabajo y castigándolo si no lo hace. Esto es lo que llamo el pecado original del gobierno, que en realidad es una paradoja: para poder operar el gobierno debe hacer lo que debe prohibirle a los demás: obligarlos a entregarle parte del producto de su trabajo. La única manera de que se redima de este pecado original es que su poder esté correctamente delimitado y que los gobernantes estén dispuestos a respetar esos límites, lo cual raras veces sucede. Por eso es que Macdonald tiene razón: es difícil votar por alguien que va tener poder sobre uno.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.


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