LUNES, 24 DE JULIO DE 2006
La gobernabilidad y el crecimiento económico

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“Si no hay gobernabilidad no hay crecimiento ni desarrollo económico. Sin gobernabilidad sólo hay caos, despojo y subdesarrollo.”


Después de ver cómo con toda impunidad una sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), impidió que se llevara a cabo la fiesta anual de Oaxaca llamada La Gelaguetza, se entiende por qué los sindicatos son un lastre que México arrastra y que definitivamente pueden ser un serio dolor de cabeza para que el país realice las reformas estructurales que necesita.

 

Con el argumento espurio de que esta fiesta sólo beneficia a los más ricos, la Sección 22 del SNTE (agrupados en la llamada coordinadora, CNTE) decidió que unilateralmente cancelaba la fiesta. Esto es totalmente ilegal y debería ameritar el arresto de los líderes que han promovido el cierre de la Guelaguetza. Los afectados no sólo son los ricos hoteleros que señalan los líderes sindicales. Se ha afectado a miles de artesanos, a cientos de negocios pequeños que sólo en ésta época del año sacan a flote a sus changarros y por supuesto a sus familias. Se ha afectado la imagen de México en el extranjero, pues esta fiesta atrae a miles de turistas de todo el orbe a Oaxaca. Es una aberración ver las pintas en las paredes exigiendo a los turistas que se marchen de Oaxaca. Vaya con estos líderes sindicales fascistas.  Los afectados serán también cientos de empleados en los hoteles que podrían ser recortados ante la baja en la demanda por servicios hoteleros.

 

Claro, la manutención de estos seudo maestros no depende de su trabajo productivo, pues a ellos, a pesar del paro magisterial, después les será retribuido peso a peso los salarios caídos no cobrados. Salarios que además no están en función de la productividad magisterial. Este es el incentivo perfecto para que unos burócratas magisteriales detengan el trabajo de otros mexicanos que sí se ganan la vida con su trabajo, talento y servicio. ¿Dónde está el Estado para defender y proteger a esos otros mexicanos (la mayoría) productivos cuyo trabajo ha sido agredido por una bola de pandilleros? Brilla por su ausencia. El gobierno oaxaqueño se la ha pasado pasándole la bolita al gobierno federal y viceversa ó haciendo desalojos mal planeados. Mientras, esta pandilla magisterial actúa con toda impunidad contra los oaxaqueños que verdaderamente aportan al crecimiento económico de Oaxaca.

 

En este contexto de violencia y con la reciente agresión al candidato ganador de votos, Felipe Calderón, sólo nos queda preguntarnos qué sigue. Por lo pronto ya hasta la familia de Calderón fue amenazada.

 

Queda claro que López, al igual que la CNTE, va rumbo a la violencia si no le dan el poder a la fuerza. Ojalá que el gobierno no sea ingenuo, pues ahí está la historia de López en Tabasco. La protesta contra la elección de gobernador de Tabasco en 1994 (en donde López al igual que ahora quería tomar el poder que no ganó en las urnas) sólo terminó tras el desalojo del plantón arbitrario de perredistas en el zócalo de Villahermosa. Y los pozos petroleros que López bloqueaba sistemáticamente en Tabasco fueron rescatados por los granaderos en 1996, tras una trifulca en dónde López salió con la camisa sangrando (al parecer le dieron un toletazo), pose que fascinó a “Proceso”, de Julio Sherer, y que fue la foto principal de un número de la revista. López está encaminado a terminar violentamente el conflicto electoral. Fue entrenado en manejo de masas en Cuba. Ojalá que el gobierno esté enterado del historial violento de López y asuma su mandato constitucional de usar la fuerza, si es necesario, para mantener la paz social.

 

Todo lo anterior nos hace reflexionar del por qué es importante mantener la gobernabilidad de un país para que éste prospere.

 

Esta gobernabilidad se debe traducir en lo que se ha llamado, la Regla de la Legalidad (Rule of Law) y/o aplicación del Estado de Derecho, y que consiste en la protección que el Estado debe hacer para garantizar la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. Los impuestos que pagamos los ciudadanos a los gobiernos están justificados si y sólo si el Estado cumple con el aprovisionamiento correcto de bienes públicos (como la adecuada impartición de justicia) que el sector privado no puede (ó no tiene incentivos) proveer. La evidencia empírica es abundante, si las economías carecen de las instituciones que garanticen que los intercambios entre los agentes económicos (usted amigo lector, intercambia su fuerza de trabajo a cambio de un salario o si tiene un negocio, debe proveer-intercambiar- un servicio ó producto que la sociedad valora y que por tanto retribuirá) se darán en un marco de respeto a los derechos de propiedad de los intercambiantes, entonces no es posible detonar el crecimiento económico que lleve bienestar y desarrollo a las familias. Además estas instituciones deben garantizar que habrá bajos costos de transacción (lo que me cuesta intercambiar en el mercado mi fuerza de trabajo, talento, producto ó servicio) que garantice a todos que el ingreso de su trabajo les será retribuido íntegramente, además de que cualquier desvío de esta conducta será sancionada.

 

Vea amigo lector cómo en Oaxaca, el Estado no garantizó el derecho que tienen los artesanos y trabajadores de turismo a trabajar y a tener íntegro el ingreso fruto de su trabajo. Eso provocará una caída en la actividad económica de ese estado de la República. Una flagrante violación a la regla de la legalidad y/o estado de derecho.

 

Hay 3 bienes públicos fundamentales que si son provistos adecuadamente por los gobiernos crean un círculo virtuoso de crecimiento económico. El primero es el mandato constitucional de que haya un banco central que mantenga el poder adquisitivo de la moneda. O sea, debe haber una institución autónoma del gobierno que se encargue de mantener a la inflación bajo control (que cuide que la cantidad de dinero esté en proporción a lo que la economía produce, pues cuando la tasa de crecimiento de éste supera a lo producido por la economía entonces hay inflación, que además se ve alentada por las expectativas que crea entre los agentes económicos de que los precios están subiendo de manera general en forma muy acelerada), para que el poder adquisitivo de los ingresos de los agentes económicos no pierda valor (reserva de valor). Con inflación controlada, las empresas y las familias planean mejor la asignación de recursos que harán en sus actividades económicas. No hay que olvidar que cuando no se cumple adecuadamente con la provisión de este bien público, los pobres son los más afectados, pues los pocos recursos que ganan son carcomidos por la inflación.

 

El segundo bien público esencial es garantizar que la justicia sea impartida de la manera más eficiente y eficaz, cuidando siempre que la vida y la libertad de los ciudadanos sea celosamente respetada, sancionando severamente cualquier conducta que se aparte de esto. Esto implica que debe de haber una infraestructura jurídico-institucional que haga coercitivo la protección del patrimonio de las empresas y las familias (o sea que no llegue un gandalla que me prive de la vida, invada mi casa, terreno ó bloquee la entrada a mi negocio, me secuestre y prive de la libertad ó que no me deje trabajar como en Oaxaca a los artesanos y hoteleros). La provisión óptima de este bien debe garantizar que no habrá privilegios para nadie y que cualquier colusión, corrupción ó acto delincuencial será castigado creando un contexto de cooperación entre los agentes económicos y desincentivando, previniendo cualquier conducta anómala, que se aparte de los intercambios voluntarios.

 

Finalmente, un tercer bien público fundamental es el que tiene que ver con el diseño institucional y regulatorio que vigile, monitoree que las reglas de los intercambios se dan en un ambiente de competencia que beneficie a los consumidores. La provisión óptima de este bien debe evitar que en la economía existan buscadores de rentas (aquellos que quieren obtener beneficios extraordinarios-coludidos con los gobiernos- a costa de abusar de consumidores, contribuyentes u otros agentes económicos); esto implica que no existan monopolios públicos ó privados (con excepción de aquellas empresas que dominan un mercado gracias a su talento y que por tanto benefician a millones de consumidores), que prevalezca una atmósfera de sana competencia para ganar intercambios voluntarios con millones de consumidores. Cuando no se produce eficientemente este bien prevalece el capitalismo monopolista o el de los “cuates” como impera en América Latina. Cuando no es eficiente el aprovisionamiento de este bien, entonces los costos de transacción para los agentes económicos se vuelven prohibitivos. Esto significa que la decisión de trabajar más (esfuerzo laboral), la decisión de ahorrar, de invertir, de abrir un negocio, se vea obstaculizada, sea por un gobierno que sobreregula la actividad económica, proteja a buscadores de rentas, imponga controles arbitrarios de precios o haya una burocracia asfixiante y gigantesca que requiere de altos impuestos para ser mantenida y que propicia que los agentes económicos caigan en corrupción para poder realizar sus actividades económicas.

 

En el primero de los tres bienes arriba descritos más ó menos se ha avanzado, con un Banco de México que está haciendo su chamba. Pero en los dos restantes, francamente hay un estancamiento en el país. La seguridad y la justicia dejan mucho que desear, las reglas de competencia aún están en pañales y todavía no sirven para combatir a los monopolios públicos y privados, ni a los buscadores de rentas.

 

Cumplir con el aprovisionamiento óptimo de estos bienes públicos, en un contexto de economía abierta y de responsabilidad fiscal del gobierno (burocracia limitada y preparada que se conduce con equilibrio presupuestal-obligado por la ley- y que no requiere de chupar al sector privado con altos impuestos) está probado, es lo que lleva a la prosperidad económica (y por tanto al bienestar humano) de los países. La evidencia internacional es contundente.

 

El conflicto oaxaqueño es una aberración. Pero es sólo consecuencia de que en el país no reina la regla de la legalidad. Si queremos avanzar es menester exigirle al gobierno que cumpla con proveer con calidad los bienes públicos arriba señalados. No nos sirve un gobierno que produzca bienes como petróleo y electricidad (bienes que serían más eficientemente provistos por el sector privado) y no nos proteja de los hampones que se escudan en la lucha por el poder para amenazar nuestras vidas, violar nuestra libertad y privarnos de los ingresos íntegros fruto de nuestro trabajo. Definitivo, si no hay gobernabilidad no hay crecimiento ni desarrollo económico. Sin gobernabilidad sólo hay caos, despojo y subdesarrollo.


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