El gobierno de Vicente Fox entra muchas veces en pleitos que después, simplemente, no puede resolver. Un caso que estamos viendo es el que tiene con Napoleón Gómez Urrutia del sindicato minero.

Este jueves 24 de agosto el secretario del trabajo, Francisco Javier Salazar, señaló que la dependencia a su cargo no le daría la “toma de nota” a Napoleón Gómez Urrutia. Los jefes de las secciones del sindicato que Napoleón controla llevaron a cabo en mayo una asamblea extraordinaria en la que ratificaron a Napito como líder del sindicato. Pero el secretario Salazar ha dicho que la asamblea no es válida y que por lo tanto no puede dar la toma de nota.

Una asamblea válida, según Salazar, tendría que ser convocada por Elías Morales, el secretario general interino que le dio el golpe de estado a Napoleón dentro del sindicato. Y lógicamente ni Elías está interesado en convocar a una asamblea, que posiblemente implicaría su remoción, ni tampoco Napoleón y su gente están dispuestos a aceptar una convocatoria por parte de un secretario general que consideran espurio. Según el secretario del trabajo, por otra parte, no se cumplieron requisitos esenciales para una asamblea legal, desde la forma de notificación, el quórum y la mayoría que se necesitaría para nombrar a un secretario general.

Y quizá sea cierto que la asamblea en la que se ratificó a Napoleón haya sido, efectivamente, ilegal. Pero cada vez queda más claro que en nuestro país una cosa es la ley y otra muy distinta la capacidad de aplicarla.

Los dirigentes mineros leales a Napoleón han amenazado que si en 15 días la Secretaría del Trabajo no le da la toma de nota a su líder promoverán medidas radicales. Esto seguramente quiere decir que habrá una vez más huelgas ilegales en la ya muy golpeada industria minera de nuestro país. Y ésta es una amenaza ante la cual no podemos cerrar los ojos. La mayor parte de las secciones del sindicato minero siguen siendo controladas por Napoleón y han realizado huelgas ilegales para obligar a las empresas a reconocer a sus dirigentes.

Sicartsa, la principal empresa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, permaneció 141 días cerrada debido a una acción punitiva por parte del sindicato minero. Finalmente los dueños, el Grupo Villacero, se vieron obligados a ceder y reconocer a la gente de Napoleón. El Grupo México, mientras tanto, ha sufrido varias huelgas ilegales y ha anunciado ya su decisión de cerrar en consecuencia su mina de Nacozari, Sonora.

Si bien puede entenderse la decisión del secretario del trabajo de ajustarse a la ley, esto sólo puede tener sentido en un país en que otras instancias del gobierno también se ajustan a ella.

No es el caso del México de Vicente Fox. Las empresas siderúrgicas y mineras de nuestro país así como los ciudadanos sabemos que, atendiendo a la ley, el gobierno toma decisiones que generan plantones, bloqueos, huelgas y secuestros, pero no se atreve a usar la fuerza pública después para aplicar esa ley. Por lo tanto, los ciudadanos comunes y corrientes o las empresas terminamos pagando el costo.

Si el gobierno va a usar la fuerza pública para evitar que los ciudadanos y las empresas seamos tomados como rehén por el sindicato minero, entonces adelante: que se aplique la ley. Pero si la fuerza pública no va a tener el valor de protegernos, entonces, de verdad, mejor entréguenle a Napoleón todo lo que pide.