MARTES, 31 DE OCTUBRE DE 2006
Los retos de la política fiscal (II)

¿Usted considera un triunfo para México el acuerdo al que llegó con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles?
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“Incluso si la ausencia de gobierno realmente significara anarquía en un sentido negativo y desordenado, que está lejos de ser el caso, incluso entonces, ningún trastorno anárquico podría ser peor que la posición a la que el gobierno ha dirigido a la humanidad.”
Leon Tolstoy

Isaac Katz







“No hay peor administrador de recursos que el gobierno.”


Señalé en el artículo de la semana pasada que uno de los principales retos en materia de política fiscal es cambiar el diseño tributario actual hacia uno caracterizado por un impuesto proporcional al ingreso personal junto con la homologación del IVA y la eliminación de los regímenes especiales de tributación. La principal idea detrás de esta reforma es generar un sistema de incentivos más eficiente para el trabajo, el ahorro y la inversión, que sea más fácil de administrar para los individuos y las empresas y que sea más fácil de fiscalizar, lo que repercutiría en una menor evasión y elusión fiscal, un ampliación efectiva de la base gravable y una mayor recaudación. Quiero en éste artículo tratar otros de los retos en materia de política fiscal que enfrentará el gobierno de Calderón, estos por el lado de los egresos. Son tres: eficiencia del gasto público, la deuda contingente, particularmente las pensiones de los empleados públicos y el sistema de coordinación fiscal con los estados.

 

Respecto del primero, no hay peor administrador de recursos que el gobierno. La razón es que sobre estos no están definidos los derechos de propiedad y de ahí que un burócrata que tiene en sus manos el ejercicio del gasto público, prácticamente en cualquier área del sector público, federal, estatal y municipal, no tiene el mismo incentivo que un particular para buscar la mayor eficiencia. Cuando un particular administra recursos que son de su propiedad, dada la naturaleza de escasez que los caracteriza, tiene el incentivo para tratar de maximizar la rentabilidad esperada de su utilización, lo que genera una asignación eficiente de los mismos para cubrir el costo de oportunidad. Esto generalmente no sucede en el sector público.

 

Uno supondría que en el ejercicio del gasto público, dado que lo que se está administrando son recursos que se le extrajeron a la sociedad a través del sistema impositivo, que los encargados de ejercer el gasto lo harían en aquellos programas que maximizaran la rentabilidad social por peso gastado, pero no es así. El gobierno, los burócratas, gastan una enorme cantidad de recursos en programas que no tienen razón de existir o que tienen una rentabilidad social muy baja o inclusive negativa; la dinámica en la elaboración del presupuesto público establece que cuando a un programa se le asignaron recursos en algún momento y por alguna razón, aunque ya no se justifique que siga existiendo, se vuelve prácticamente imposible cancelarlo ya que no hay nadie más eficiente para defender un determinado programa que el burócrata que lo administra. En este sentido, y dada la notoria precariedad fiscal del gobierno mexicano, es indispensable hacer un análisis profundo de todos y cada uno de los destinos del gasto público, evaluándolos con un criterio de rentabilidad social que considere la tasa social de descuento y cancelando, sin miramientos como por ejemplo despedir a burócratas que no se requieran y cuyos sueldos representan una destrucción de riqueza, aquellos programas en todas las Secretarías de Estado y organismos públicos que no se justifican, incluyendo todo tipo de gastos, sean corrientes, subsidios o de inversión. Con esto se liberarían recursos que desde una perspectiva social se desperdician, pudiendo ser reasignados hacia otros destinos socialmente más rentables y que inclusive permitiesen reducir la carga fiscal sobre la sociedad.

 

Lo anterior se tiene que complementar con un sistema efectivo de incentivos y de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. En la actualidad la Secretaría de la Función Pública así como la Auditoria Superior de la Federación, al vigilar el gasto público federal, se concentran en que se haya cumplido con la normatividad y que el monto que se ejerció no fuese diferente del presupuestado. Obviamente este tipo de evaluación no tiene sentido si no se incluye la eficiencia en el gasto medido por resultados precisos y cuantificables. Un buen ejemplo es la educación pública; la sociedad gasta a través del gobierno carretonadas de recursos, alrededor 7% del PIB, pero los resultados que se obtienen en la formación de capital humano de calidad son patéticos. ¿No es esto un desperdicio infame de recursos valiosos? Y así podemos encontrar cientos de ejemplos en cada área del gobierno federal, gasto que por tener rentabilidad social negativa representa una destrucción de la riqueza nacional.


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