JUEVES, 8 DE FEBRERO DE 2007
En Venezuela desaparece el imperio de la ley

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“Si se viola una ley injusta lo único que se viola es esa ley, no algún derecho de alguien. Por el contrario, si se viola una ley justa se viola la ley y algún derecho de alguien.”
Othmar K. Amagi

Marcel Granier







“La reacción del presidente Chávez es verbalmente violenta y soez cada vez que alguien osa tener una opinión diferente. Dice y repite que la decisión está tomada: “A RCTV le quedan unos días... chillen, pataleen; hagan lo que hagan, se acabó...””


Caracas (AIPE)- El presidente Chávez anunció verbalmente su decisión de cerrar a Radio Caracas Televisión, canal que por más de 53 años y con las mejores instalaciones logra la mayor audiencia, además de ser la televisora que emplea a más gente en Venezuela.

 

Así culmina una larga cadena de agresiones contra periodistas, empleados, gerentes y accionistas de los medios independientes. Se pretende limitar el derecho al entretenimiento que gusta y a la información en que confía el venezolano, impidiendo que los ciudadanos formulen propuestas, denuncias y reclamos, eliminando el pluralismo de programas informativos y de opinión, imposibilitando el libre flujo del pensamiento y la información para lograr un sistema que el mismo gobierno define como “hegemonía comunicacional e informativa del Estado”.

 

El 14 de junio de 2006,  el presidente Chávez, vistiendo uniforme militar, dio un discurso en la entrega de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103. Tomando un fusil y apuntando a un camarógrafo de televisión advirtió: “Con este fusil, que tiene un alcance de mil metros, tú (el camarógrafo) te paras allá arriba y yo, con buena puntería, le doy a la lucecita roja esa que tiene tu cámara”. Luego anunció: “Hay que revisar las concesiones de las televisoras”.

 

Otros funcionarios repitieron las amenazas, mientras alababan a los medios que han cambiado su línea editorial: “hay cambios cualitativos en la programación…, hay otros casos en que no se observa ese cambio, esa rectificación”, recordando que el gobierno “tiene facultad para no renovar una concesión”.

 

El 3 de noviembre de 2006, el presidente repitió su amenaza: “Solo les recuerdo… que el próximo año… no les extrañe que yo diga… no hay más concesión a algunos canales de televisión…”.

 

El 28 de diciembre, el presidente, nuevamente vestido de militar, anunció que no sería renovada la concesión de RCTV. “Ya está redactada la medida, así que vayan apagando los equipos… se le acaba en marzo la concesión”. Dos semanas más tarde, en la Asamblea Nacional, afirmó que la concesión de RCTV termina en mayo de 2007. Igual contradicción sobre la fecha existe en declaraciones de otros funcionarios.

 

El presidente luego inició una campaña de difamación contra RCTV y sus directivos, a través de avisos pagados con fondos públicos.

 

El 13 de enero, en su mensaje anual a la Asamblea Nacional, nuevamente cambió su discurso y afirmó: “Esa señal es de los venezolanos y será nacionalizada para los venezolanos… a RCTV le quedan unos días… Chillen, pataleen; hagan lo que hagan; se acabó la concesión”.

 

En RCTV nunca hemos sido informados oficialmente en qué se fundamentan ni de qué nos acusan. Así violan la presunción de inocencia, no hay debido proceso ni existe derecho a la defensa.

 

Tales acciones transgreden normas expresas en la Constitución de Venezuela, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Son presiones políticas contra medios de comunicación independientes, claro ejemplo de desviación de poder y una pretendida justificación legal nunca probada. Se viola así el derecho al trabajo en este medio, el principio de pluralismo político y, por supuesto, la libertad de pensamiento, expresión e información de los millones de ciudadanos que perderán la libertad de buscar y recibir informaciones e ideas de toda índole garantizadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Un prueba contundente de todo esto fue la declaración del 8 de enero de Andrés Izarra, presidente de Telesur y ex ministro de Comunicación: “Hay que elaborar un nuevo plan… hacia la hegemonía comunicacional e informativa del Estado”.

 

Un creciente número de organizaciones gremiales y de derechos humanos alertan sobre el caso RCTV: Human Rights Watch, Committee to Protect Journalists, Instituto Prensa y Sociedad, Asociación Internacional de Radiodifusión, International Press Institute, Reporteros sin Frontera, Sociedad Interamericana de Prensa y otras. Pero la reacción del presidente Chávez es verbalmente violenta y soez cada vez que alguien osa tener una opinión diferente. Dice y repite que la decisión está tomada: “A RCTV le quedan unos días… chillen, pataleen; hagan lo que hagan, se acabó…”

 

Entonces, ¿dónde quedan los recursos consagrados en la ley, el derecho a la defensa, la independencia y separación de poderes que garantiza la Constitución? ¿Qué papel juega el Poder Judicial en Venezuela? ¿Puede la voluntad de una sola persona limitar el acceso a la información, el ejercicio libre del periodismo y la existencia de medios de comunicación independientes?

 

___* Presidente de Radio Caracas Televisión.

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