LUNES, 26 DE FEBRERO DE 2007
Los derechos de propiedad en el DF

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“La acción incautadora, disfrazada de expropiación, de Marcelo Ebrard, nos recuerda qué indefensos estamos los defeños contra las acciones caprichosas del gobierno. Hoy la mayoría de los medios aplauden. No se dan cuenta que estas acciones luego irán contra su propia libertad. Ya veremos qué opinan los periodistas cuando el gobierno de Ebrard clausure o confisque (con cualquier pretexto) a algún medio de comunicación defeño adverso.”


¿Cuál es la principal razón por la que el gobierno del Distrito Federal desde hace ya varios años viene violando sistemáticamente los derechos de propiedad de los particulares? Uno: por el obsoleto Registro Público de la Propiedad y de Comercio que rige las transacciones inmobiliarias en el DF, y dos: por la mentalidad de los gobiernos de izquierda que desprecian (y por ello no respetan) los derechos de propiedad de los particulares, para que, a nombre de la colectividad, sean expropiados los bienes sin consideración legal alguna y muchas veces sin la indemnización debida.

 

El mal funcionamiento del Registro Público de la Propiedad y de Comercio es terrible para las familias y las empresas asentadas en el DF, pues además de no dar certidumbre jurídica plena sobre las propiedades de los ciudadanos, encarece los costos de transacción, lo que afecta seriamente el crecimiento económico.

 

Si uno va a realizar compraventa, donación, transmisión de propiedad ó dominio, adjudicación por herencia, por remate ó muerte y en general cualquier transacción inmobiliaria, debe enfrentar a la pesadilla burocrática que es la oficina del Registro Público de Propiedad del Distrito Federal. Como puede apreciar amigo lector, las transacciones mencionadas son de vital importancia para la economía y afecta prácticamente a todos los ciudadanos productivos.

 

Cualquiera que haya ido a las oficinas del Registro Público de la Propiedad sabe que, uno, los trámites serán lentos y no hay garantía de que las cosas salgan bien, por lo que lo más probable es que uno acabe enfrentando multas ó recargos (muchas veces duplicados indebidamente), ó en el peor de los casos, volver a iniciar los trámites en los archivos notariales, lo que lleva tiempo y dinero y dos, que para que las cosas salgan expeditas (y eso si no hay alguna pequeña omisión, lo que está sujeto al criterio discrecional del burócrata en turno), es necesario darles “para el refresco” a los empleados, lo que nuevamente encarece los costos de transacción.

 

Se trata de un Registro Público que funciona como en el siglo XIX (no sólo el que opera en el DF sino a nivel nacional), con empleados sin capacitación que usan tomos y libros siempre revueltos e imprecisos, lo que le permite al gobierno defeño tolerar toda clase de invasiones de predios e inmuebles instigadas por organizaciones vinculadas a su partido político, así como cometer abusos él mismo (el gobierno defeño) expropiando inmuebles arbitrariamente y retardando (ó francamente hacerse “pato”) el pago de la indemnización al que está obligado.

 

Ahí está la historia reciente. Primero, el caso de Enrique Arcipreste (paraje San Juan), el cuál por defender legítimamente su propiedad fue a parar hasta la cárcel acusado de toda clase de delitos inventados. Luego, el Encino, que para mala suerte de López, se trataba de una empresa inmobiliaria que contaba con los recursos financieros para defenderse; aún así, esto no detuvo a López para hacer y deshacer sobre estos terrenos. La cobardía de Fox evitó castigar a López, pero, ¿ya le habrán pagado a los dueños del Encino los daños hechos? Luego, el intento frustrado de expropiar terrenos a un particular para entregárselos a otro, la Cooperativa Pascual (¿En dónde demonios estuvo la “utilidad pública”, de construir un camino para un hospital que usan los ricos? ¿En dónde demonios estuvo la “utilidad pública” en el intento de despojar a una viuda de sus terrenos y entregárselos a una empresa, que aunque sea una cooperativa, jurídicamente, es eso, una empresa constituida, un particular más?).

 

Ahora, la nueva puntada, la expropiación de predios en Tepito. Increíble, pero cierto, al más puro estilo nazi, sin dejar entrar a medios de comunicación y a representantes de los derechos humanos (que por cierto su representante en el DF no tuvo miedo de acusar al GDF de abusivo, contrario a su representante nacional, el mentiroso Soberanes que sólo actúa para beneficiar al PRD), el gobierno de Ebrard procedió a la incautación de las propiedades tratando (y encarcelando) por igual a inocentes que a delincuentes (que como diría un colega, éstos últimos no reclamaran indemnización alguna y, seguro, ya encontraron nuevos cuarteles para su operación-si es que es cierto que el predio era el “cuartel” para sus fechorías). El resultado, inocentes incautados, que no expropiados, y muy escasa evidencia de mercancía robada y drogas. Como diría un connotado analista, ¡los inmuebles No son los que delinquen!

 

De acuerdo a una enmienda de la Suprema Corte realizada en el 2006, cualquier gobierno que emprenda una expropiación está obligado, además de justificarla (esto ya lo ordena el art. 27 en su párrafo 4°), a avisar a sus dueños con varios días de anticipación (por lo menos 15), para darle tiempo a los habitantes de los inmuebles a cambiarse ó a iniciar un proceso legal de inconformarse (a través de amparos locales ó federales) contra la autoridad. Ignorando olímpicamente esto, el GDF trató a los habitantes de Tepito como si todos fueran delincuentes y procedió no a expropiar, sino a incautar las propiedades, sacándole las cosas a los afectados a la calle, como si se tratara de un desalojo de inquilinos que no pagan la renta. Despojo puro.

 

¿Qué recursos legales le quedan ahora a los dueños de las viviendas “expropiadas”? Por lo pronto algunos podrán seguramente ganar los amparos, pero ya tal vez, para cuando lea este artículo amigo lector, el GDF habrá iniciado la demolición de los predios incautados (que no expropiados); así las cosas, aún cuando los afectados recibieran una indemnización justa (que habrá que verlo), nada los compensará de la destrucción a la mala de sus viviendas, y por supuesto, de la vejación y humillación a la que fueron expuestos públicamente.

 

La acción incautadora, disfrazada de expropiación, de Marcelo Ebrard, nos recuerda qué inermes, qué indefensos estamos los defeños contra las acciones caprichosas del gobierno. Ya inició Ebrard sus acciones de despojo contra inocentes, ¿qué hará contra sus enemigos políticos? Por lo pronto hoy la mayoría de los medios aplauden las acciones confiscatorias de Ebrard, y la gente en la calle está callada (como los alemanes de la era hitleriana). No se dan cuenta que estas acciones luego irán contra su propia libertad. Ya veremos qué opinan los periodistas cuando el gobierno de Ebrard clausure o confisque (con cualquier pretexto) a algún medio de comunicación defeño adverso.

 

Por eso, como bien apunta Arturo Damm, en el DF tenemos el gobierno que merecemos, un gobierno que atropella los derechos de propiedad de los particulares, ¡un gobierno ladrón!

 

Comentario al margen

 

¿Ya vio amigo lector como el PRI y el PRD se desgarran las vestiduras para rechazar el nombramiento de Carlos Hurtado en el Banco Central? El pecado de Hurtado: ser un buen economista y haberles dicho No a estos partidos en sus propuestas fiscales derrochadoras. Con estos chantajes políticos, vemos francamente difícil que se lleve a cabo una reforma fiscal seria.

• Expropiación

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