Algunos senadores de la república se quejan de que durante el sexenio de Vicente Fox, el gasto corriente del sector público aumentó en forma considerable. De ello hacen responsable al entonces subsecretario de egresos, Carlos Hurtado. Al respecto deseo enfatizar tres cosas.

En primer lugar se tiene la percepción de que todo gasto corriente es malo por naturaleza, lo que no es cierto. En ese rubro se incluyen las remuneraciones a los servicios de salud, educación o seguridad pública, por lo que no es solamente burocracia inútil. Además, una parte importante del gasto corriente son los pagos crecientes que hay que realizar para cubrir las pensiones; un problema que definitivamente urge resolver, pero sobre todo, se trata de un gasto cuyo control no está en manos del Poder Ejecutivo. En contraparte, todo gasto de capital se piensa bueno y deseable por sí mismo. Esto no necesariamente es verdad, pues no toda la inversión pública es socialmente rentable. Incluso, muchos proyectos de infraestructura carecen de un análisis serio de costo-beneficio, pero aún así son llevados a cabo por razones meramente políticas (piense en su ejemplo favorito) y a menudo terminan dañando a quienes se pensaba beneficiar o creando costos externos para otros agentes. Además, ¿no es cierto que muchos políticos contabilizan como “inversión” la compra de sus súper camionetas todo terreno?

Lo segundo que quiero explorar es la evolución del gasto público durante el periodo 2000-2006:

• Una tendencia significativa durante ese periodo fue la reducción relativa del gasto corriente, en particular del gasto en servicios personales, dentro del gasto programable, a la vez que el gasto de capital aumentó su participación, especialmente la inversión física. Lo anterior se debe a diversas disposiciones presupuestarias -introducidas en ese sexenio- que han privilegiado la asignación de ingresos excedentes a inversión.
• Así, en el año 2000, el 83% del gasto programable correspondió a gasto corriente, mientras que para 2006 dicho porcentaje fue de 79.8%. Por su parte, el gasto de capital pasó de 17% en 2000 a 20.2% en 2006.
• En particular, el gasto en servicios personales redujo su participación en el gasto programable de 45.5% a 36.8% entre 2000 y 2006, resultado principalmente de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad, así como de los programas de separación voluntaria de servidores públicos.
• Al interior de la Administración Pública Centralizada, el gasto en servicios personales se redujo 14.5% en términos reales entre 2000 y 2006. Mientras que el mismo gasto –en el que no tiene control el Poder Ejecutivo) de las empresas paraestatales (CFE, LFC, PEMEX, etc.) y entes autónomos (como el poder legislativo) se incrementó un 24.2% en términos reales.
• Los otros rubros del gasto corriente, pensiones y subsidios, experimentaron un incremento de 38% y casi 400% en términos reales respectivamente. Como ya mencioné, el gasto en pensiones no puede ser controlado por el Poder Ejecutivo sin una reforma de fondo al sistema.
• El fuerte incremento de los subsidios para el sector rural y desarrollo social, así como la asignación de más recursos para educación y salud en las entidades federativas y el aumento en costos de operación de programas y de entidades paraestatales explican en general el aumento de 27% del gasto corriente en términos reales durante 2000-2006.
• A pesar del aumento del gasto corriente, el gasto de capital del sector público reportó un crecimiento mucho mayor: 57.2% real; una expansión significativa cuando se considera que en el sexenio de Ernesto Zedillo se registró una caída real en este rubro de 11.5 por ciento.
• Hablando de gasto de capital (entendiendo no por ello “gasto bueno”, como ya se dijo), la inversión impulsada por el sector público, entendida como la suma de la inversión presupuestaria y la inversión financiada mediante proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, neta de las amortizaciones realizadas para cubrir el costo de estos últimos, creció a una tasa anual promedio de 6% en términos reales durante el periodo 2001-2006. Con ello, la inversión impulsada por el sector público pasó de representar el 3.5% del PIB en 2000 a 4.3% en 2006.
• Por último, se nota que una proporción creciente del gasto se destina a las funciones de desarrollo social y económico. En el caso de la Administración Pública Federal, entre 2000 y 2006 el gasto en desarrollo social se incrementó de 9.1% a 10.5% del PIB, mientras que el gasto para funciones de gobierno se redujo de 1.4% a 1.1% del PIB.

Mi intención no es realizar una apología del gobierno federal, pero queda claro el panorama que muestran los datos, que desde luego son públicos. Si se va a acusar de que se disparó el gasto corriente se debe mostrar toda la película.

Por si no bastara, lo que me resta decir es que, ultimadamente, quienes autorizaron el aumento de 27% en el gasto corriente de todo el sector público durante la pasada administración son precisamente los senadores que ahora se están quejando, muchos de los cuales, casualmente, estaban en la Cámara de Diputados en ese entonces. Es decir, todo mundo sabe que quien aprueba el gasto público es el Congreso. Querer hacernos pensar que eso es algo que decide una dependencia gubernamental es insultar nuestra inteligencia. Cínicos.