Hablar de escuelas privadas significa hablar de negocios privados que buscan lucro a través de un bien o servicio. Para que una actividad tenga el carácter de negocio privado se necesita que haya uno o más propietarios, es decir, individuos que deciden fundar una escuela o empresa con sus propios capitales. Compran terreno, maquinaria, materia prima y contratan a los trabajadores necesarios para producir los bienes que llevarán al mercado con el fin obtener la ganancia deseada. Si venden lo suficiente, sobreviven; si los consumidores no gustan del producto, tendrán que cerrar y dedicarse a otras cosas.

Los negocios son tan caprichosos, difíciles y riesgosos que únicamente los gobiernos neoliberales han comprendido que no deben meter las manos en absoluto. Dejan que la suerte de la empresa se resuelva en el mercado, que los consumidores sean los que decidan, mediante sus compras, si un negocio debe seguir o debe esfumarse.

Un Estado neoliberal nunca va a decirle a los dueños del negocio a qué precios deben vender, dónde, cuándo y a quien ofrecer sus mercancías. Esas decisiones se dejan a los inversionistas. El empresario toma todo el riesgo en cada decisión, sabe que si pone un precio alto a sus productos, no se venderán; pero si pone un precio muy bajo, no obtendrá la ganancia necesaria para seguir operando el negocio. Por tanto, debe hacer uso de todos sus recursos intelectuales, su experiencia y su visión para determinar el precio que podría ser bien aceptado en el mercado.

Si un gobierno izquierdista intenta dictar el precio al que debe vender el empresario, es natural que ese precio esté por arriba o por abajo del precio de mercado. Si el gobierno impone un precio por arriba del “precio de mercado”, habrá perjudicado a los consumidores que tendrán que pagar más de lo debido, pero también perjudica al empresario pues quizás venda una cantidad menor (depende de la elasticidad de la demanda). Es decir, la intervención del gobierno genera perdedores al dictar un precio más alto que el precio de mercado. Pero ocurre algo muy semejante si el gobierno dicta un precio por abajo del precio de mercado. Es posible que algunos consumidores se vean beneficiados, pero el empresario sufre pérdidas que le harían imposible seguir en el negocio. Al cerrar la empresa, salen perdiendo los trabajadores, los proveedores y los consumidores.

Por eso los gobiernos que simpatizan con el sistema capitalista (o neoliberal) se abstienen de hablar de precios. Además, estos gobiernos nunca imponen normas, leyes o reglamentos para decirle al propietario del negocio qué debe fabricar, con qué calidad, qué normas ISO, etc. Eso se considera campo del empresario. Éste debe aprender que si hace productos de mala calidad, es posible que sea desplazado por la competencia.

Tampoco un gobierno neoliberal le dicta al dueño de la empresa a quién contratar, cuánto le debe pagar, qué prestaciones dar, etc. Esos asuntos deben ser de negociación exclusiva entre empleado y patrón, solos, sin que intervenga un tercero (sindicato, cámara, tribunal, etc.). Si llegan a un acuerdo, el trabajador aporta su talento, esfuerzo o energía, y el empresario paga por el servicio.

Si la empresa privada obtiene las ganancias esperadas, puede hacer lo que quiera, sin que nadie le controle. Si desea construir 20 pisos a su negocio, lo hace sin más; si quiere abrir sucursales o dedicarse a nuevas actividades, nadie le detiene. Pero esto sólo sucede en países neoliberales.

Si usted está de acuerdo en que le he dibujado la vida normal de un negocio auténticamente privado, usted también se percatará que poco de esto se hace así en México.

Todavía hace 15 años, si usted no era amigo del presidente, del gobernador o al menos de un diputado, usted no podía abrir un negocio. O bien, tenía que repartir dinero por todos lados para que le dieran los permisos. Esto todavía se observa en algunos giros (cantinas, bares, casinos, etc.).

La mano del gobierno antineoliberal también se deja ver en el momento en que el negocio vende sus mercancías, hay que pagar impuestos; o cuando la empresa paga los salarios de los trabajadores, pues el gobierno (como aquellas mafias de Al Capone) llega por su parte (ISR); cuando la empresa compra insumos también tiene que pagar impuestos; si el terreno es propio, tiene que pagar impuestos al activo, etc. Así que el gobierno antineoliberal (es decir, izquierdista) se comporta como si fuera un socio más, y el peor de los socios, pues sin arriesgar nada, gana.

Pero en asuntos de escuelas y universidades es peor que en cualquier negocio privado. Para empezar, nadie puede abrir una escuela primaria en México si no cumple con todas las reglamentaciones del gobierno: El tamaño del terreno, de los salones, de los baños, de la cisterna, de los jardines, etc. Tiene que contratar profesores normalistas, de esos que cierran carreteras, o estallan huelgas para pedir la renuncia de gobernadores, o hacen plantones en el zócalo para que les paguen sin trabajar.

Si, después de varios años, usted logra obtener el permiso para abrir una escuela primaria, tiene que usar los libros de texto que el gobierno imprime, seguir los programas de estudio que el gobierno dicta, pagar a los profesores de acuerdo a las escalas del gobierno, pedir permiso si quiere construir un nuevo salón de clases, pedir autorización para subir o bajar la colegiatura, avisar al gobierno y al IMSS cada vez que contrata o despide a un trabajador, justificar ante los tribunales la razones del despido de un profesor, etc. Con toda esta intervención del gobierno en las “escuelas privadas” uno se pregunta en qué consiste “lo privado”. Realmente lo que se llama escuelas privadas son una especie de franquicias de escuelas públicas. Se permite que el dueño cobre colegiaturas, pero debe seguir todos los lineamientos del Estado. Es decir, las escuelas “privadas” carecen de autonomía, les está negado tener iniciativa propia.

Lo que sucede a nivel de escuelas básicas no es muy diferente del funcionamiento del nivel medio y superior. Todas las escuelas y universidades, llámese públicas o privadas, normales o de oficios están bajo el control del Estado. Títulos y diplomas deben contar con la bendición de la burocracia gubernamental. Esta es la forma en que se ha creado un gran elefante blanco, una “burocracia sindical” que simula educar a los niños pero que tiene atado o secuestrado el talento de los mexicanos. Su tarea ha sido moldear a la gente con una mentalidad en contra de la economía de mercado. Prácticamente es un Monopolio Educativo de Estado que funciona como una gran camisa de fuerza, incapaz de dejar que se desarrolle, la inteligencia, el saber, la ciencia y cultura de nuestros compatriotas.

Si usted acepta este diagnóstico, llegará a la conclusión de que mientras no eliminemos el monopolio educativo del Estado, no tendremos muchas posibilidades de salir adelante en este mundo competitivo y globalizado. La gran pregunta a resolver es ¿cómo se puede eliminar el monopolio educativo del Estado? Un monopolio donde autoridades y sindicatos se defienden para seguir gozando del erario y que sólo prometen que darán calidad y cobertura... para seguir educando a los niños y jóvenes como si fueran los futuros ciudadanos de un país comunista.

La primera conclusión que tendríamos que aceptar es que el sistema educativo actual está agotado, no responde a los tiempos modernos de economías competitivas, abiertas y globalizadas. Es una estructura anquilosada, incapaz de reformarse y debe eliminarse,... por el bien de la nación.

¿Cómo desmantelar elefante blanco que se niega a morir?

Mi respuesta es: permitiendo que surja y se desarrolle libremente y sin obstáculos de ninguna naturaleza, el sistema de educación privada, donde el gobierno no ejerza control alguno. Los dueños de las escuelas privadas deben tener total autonomía para decidir los planes y programas de estudio. Deben tener toda la libertad de contratar y despedir trabajadores en el momento que decidan, sin que intervenga el Estado o el sindicato. Deben decidir libremente las colegiaturas que deben pagar los alumnos sin tener que hacer trámites ante el gobierno. Que se sometan a la disciplina del mercado, para que los clientes, es decir, los alumnos o padres de familia sean los que decidan si una escuela sobrevive o se muere. La educación en México debe quedar en manos de empresarios de la educación y no en burócratas oficiales que gastan fondos públicos. Se debe prohibir estrictamente que una escuela reciba subsidios del gobierno para no poner en juego su autonomía.

Esta propuesta tiene dos virtudes. La primera es que el gobierno no necesita gastar ni un centavo, basta dejar que actúe el sector privado. La segunda es que el efecto competencia logra, por sí solo, la calidad de educación anhelada.

Sólo con un sistema totalmente privado de escuelas y universidades se puede formar a los ciudadanos para vivir y triunfar en una economía de mercado. No es tarea fácil considerando que México no tiene demasiada experiencia en auténticas escuelas y universidades privadas, pero también es cierto que nuestro sector privado puede aprender muy rápido. Solo es necesario que tengamos el suficiente coraje y la enérgica decisión para iniciar esta revolución educativa.