MIÉRCOLES, 27 DE JUNIO DE 2007
La ley y los chapulines

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“Incluso si la ausencia de gobierno realmente significara anarquía en un sentido negativo y desordenado, que está lejos de ser el caso, incluso entonces, ningún trastorno anárquico podría ser peor que la posición a la que el gobierno ha dirigido a la humanidad.”
Leon Tolstoy

Sergio Sarmiento







“Uno de los grandes problemas del país es la aplicación discrecional de la ley. En México la ley se aplica solamente en contra de algunos. Si uno hace manifestaciones suficientemente grandes, entonces queda uno libre de ella.”


El tema es controvertido: esto queda de manifiesto en el hecho de que el fallo del tribunal estatal electoral de Baja California fue de dos votos contra uno. Pero no hay duda de que el artículo 42 de la Constitución de Baja California, la famosa “ley antichapulín”, prohíbe que los funcionarios dejen sus cargos de elección popular para aspirar a otros. Habrá que determinar si ese artículo 42 viola el 35 de la Constitución de la República, que le da a todos los mexicanos el derecho a votar y ser votados a cargos de elección popular, pero esto tendrá que ser definido ahora por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

Lo que no deja de ser paradójico, sin embargo, es que los grupos políticos, en particular los cercanos a Andrés Manuel López Obrador, que hoy exigen la aplicación de la ley en Baja California, fueron los que en el pasado se opusieron a la aplicación de la ley cuando ésta afectaba a su dirigente.

 

¿O acaso ya olvidamos que López Obrador no cumplía el requisito de residencia en la ciudad de México cuando fue postulado como candidato del PRD a la jefatura de gobierno en el 2000? Los mismos compañeros de partido de López Obrador, como Pablo Gómez, así lo manifestaron en su momento. Cuando llegó el momento del registro de López Obrador, éste presentó una constancia de residencia, a pesar de que su credencial de elector y su voto en Tabasco en una elección previa claramente determinaban que era aún residente formal de ese estado. Los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal dieron por buena la constancia sin considerar siquiera las pruebas de que López Obrador mentía, mientras que los partidos de oposición en la capital, el PRI y el PAN, decidieron ya no llevar el caso a los tribunales electorales, con que se consumó la no aplicación de la ley a López Obrador.

 

Una situación similar ocurrió en 2005 y 2006. La ley establece claramente que una persona pierde sus derechos políticos cuando es sometido a un juicio penal. Es una mala ley, porque supone la culpabilidad de un acusado que apenas está siendo juzgado, pero es la ley. Sin embargo, López Obrador montó manifestaciones y plantones para lograr que no se le aplicara, a pesar de que había un proceso en su contra por desacato a un mandato judicial.

 

Uno de los grandes problemas del país es la aplicación discrecional de la ley. En México la ley se aplica solamente en contra de algunos. Si uno hace manifestaciones suficientemente grandes, entonces queda uno libre de ella.

 

El artículo 42 de la Constitución de Baja California, la ley antichapulín, parece haber sido hecha específicamente para impedir la candidatura de Jorge Hank Rhon al gobierno de la entidad. Éste sólo hecho la hace cuestionable. Lo lógico sería permitir que los ciudadanos bajacalifornianos tuvieran la oportunidad de decidir si quieren o no a Hank Rhon como su gobernador. Pero lo que inquieta realmente es que los grupos que por un lado exigen que se cumpla la ley en el caso del candidato del PRI hayan sido los mismos que demandaron la no aplicación de la ley cuando ésta afectaba a su líder.

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