DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2005
Justicia y Desarrollo

¿Usted cree que la economía mexicana crecerá este año 2% como asegura López Obrador?
No
No sé



“La banca central solo puede decidir entre uno de tres caminos posibles: a qué tasa contraer, a qué tasa expandir o dejar inalterada la base monetaria.”
Alberto Benegas Lynch (h)

Isaac Katz







“Estos de izquierda no entienden. ¿Lo entenderían si el gobierno les expropiara sus recursos para dárselos a individuos más pobres que ellos bajo el argumento de que así se alcanzaría una mayor justicia social?”


A raíz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional el decreto de expropiación por parte del Gobierno del Distrito Federal de los terrenos privados en los cuales se asientan las plantas de la Cooperativa Pascual debido a que no existía una causa de utilidad pública para justificar tal expropiación, tal como lo establece el artículo 27 de la Constitución, el PRD, el Sr. López (quién decretó esa aberración jurídica), el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal (quién amenazó con volver a decretar la expropiación de esos mismos terrenos) y prácticamente todos los “seudo–intelectuales progres” del país, acusaron a los Ministros de carecer de un sentido de justicia social así como de proteger los intereses de los ricos. Realmente estos bichos de la denominada “izquierda mexicana” no alcanzan a comprender la estrecha relación que existe entre la eficiente definición y protección de los derechos privados de propiedad y el desarrollo económico, proceso caracterizado por un aumento sostenido de los niveles de bienestar de la población, una menor incidencia de pobreza y una distribución más equitativa de la riqueza y del ingreso; tampoco logran entender cual es el papel del Poder Judicial en una economía de mercado, una economía en donde las transacciones que se realizan entre diferentes agentes económicos son voluntarias.

 

Como he mencionado en otros artículos, los derechos privados de propiedad constan de tres elementos: el derecho a la posesión, el derecho de uso y el derecho de transferencia. El primero se deriva del derecho que tiene cada individuo a la vida misma y de ahí que el derecho a poseer bienes deba ser considerado como un derecho natural. El derecho de uso se refiere a que cada individuo debe ser libre para decidir cual es el uso que le quiera dar a los recursos de su propiedad mientras éste sea legítimo es decir, que no se atente en contra de los derechos de propiedad de terceros. Finalmente, el derecho a la transferencia significa que cada quién es libre de decidir si vende, en una transacción enteramente voluntaria, los recursos que son de su propiedad. Partiendo de estos tres elementos, y dada la realidad inevitable de que los recursos que cada quién posee son escasos, mientras que las necesidades que se desean satisfacer son múltiples, es que cada individuo buscará asignar los recursos de su propiedad hacia aquél uso en el cual el rendimiento esperado sea el mayor posible ya que esta forma de actuar es lo que le permite generar el mayor flujo de ingreso posible para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. Este proceso de maximización individual, con cada individuo que compone la sociedad actuando de manera similar e intercambiando de manera voluntaria bienes y servicios con otros agentes económicos (vendo lo que produzco y compro lo que necesito), se traduce en que se tiende a maximizar el bienestar de la sociedad. La evidencia internacional es clara al respecto: una eficiente definición de los derechos privados de propiedad se traduce, invariablemente, en mayores niveles de desarrollo económico.

 

La anterior no es, sin embargo, suficiente. Se requiere además de que estos derechos estén eficientemente garantizados y protegidos por un Poder Judicial que sea independiente e imparcial, uno en donde los jueces no tengan un interés particular en el litigio que estén atendiendo, más allá del cumplimiento de lo que las leyes señalan. Es en este sentido que el Poder Judicial es esencial para garantizar el cumplimiento de los contratos entre particulares así como entre estos y el gobierno y dar certeza de que los derechos privados de propiedad no serán violentados por terceros, particularmente por el propio gobierno. Y es esto último en donde destaca la decisión que tomó la Corte: el gobierno del Distrito Federal al expropiar los terrenos en cuestión violentó arbitrariamente los derechos privados de propiedad de su legítimo dueño. Expropiar recursos privados para transferírselos a otros agentes privados, aunque sea una cooperativa de trabajadores, no es causa de utilidad pública, es una aberración jurídica y la Corte tiene toda la razón de haber juzgado tal acto como inconstitucional.

 

Estos de izquierda no entienden. Quizás lo entenderían si el gobierno les quisiera expropiar sus recursos para dárselos a individuos más pobres que ellos bajo el argumento de que así se alcanzaría una mayor justicia social. ¿Estarían de acuerdo?


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