Para nadie debiera ser un secreto que el Grupo Salinas, cuya empresa insignia es Televisión Azteca, se opone a que la nueva Ley del Mercado de Valores se apruebe en los términos que el Senado de la República la envió a la Cámara de Diputados, y que son los mismos en que se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda de los mismos diputados y que, sorpresiva e inexplicablemente, fue regresado por Emilio Chuayffet a comisiones.

El Grupo Salinas está en su derecho de oponerse y dar a conocer sus argumentos. Como veremos, tiene poderosas razones para hacerlo. Al parecer sus principales accionistas son tímidos y prefieren que otros hablen por ellos. Así, en los últimos días los voceros oficiales y oficiosos de esa empresa se han prodigado en los medios de comunicación. Con sospechosa unanimidad y lamentable falta de imaginación esos voceros han repetido un argumento deleznable para que la ley se haga al gusto de quien los contrató. El triste argumento es que no debe ser tan grave que “sólo” le cambien cuatro artículos a la ley, lo cual –dicen- debe ser marginal, casi irrelevante en un articulado de más de 400 puntos. Tonto argumento que equivale a decirle a los deudos de un paciente fallecido por negligencia médica: “No le hicimos nada relevante, sólo le cercenamos la aorta y dejamos incólumes el resto de venas, arterias y órganos, ¡quién sabe porqué se desangró!”.

Además, si es tan poco relevante ¿para qué se toman tantas molestias y gastan tanto dinero de la empresa (que, supongo, alcanzaría para que le dieran un buen dividendo en efectivo a todos los accionistas, empezando por los minoritarios que hoy día no tienen ni voz ni voto en las decisiones del consorcio) en modificar esos “irrelevantes” cuatro artículos?

Algunos de los voceros –por gusto o por obligación- de los intereses del Grupo Salinas son los siguientes, todos ellos “prestigiados” comentaristas que se ostentan, no sin cierto equívoco, como analistas independientes e incorruptibles: David Páramo (casualmente es comentarista a sueldo en un noticiario de TV Azteca), Carlos Mota (que recientemente, cosas chistosas de la vida, fue contratado por la televisora como “asesor editorial” y tiene un espacio en la revista “Vértigo” del mismo grupo Salinas), Alberto Aguilar (conocido columnista que casualmente también es comentarista de negocios en el noticiario nocturno de TV Azteca) y varios más de menor pelaje y prestigio, como el histriónico Erick Guerrero, azote de las inteligencias y de los “malos” funcionarios que le indiquen sus patrones o el “corruptín” –como le motejó Ciro Gómez Leyva en una ocasión durante un programa de radio- Darío Célis (quien sin empacho se trasladó de un día para otro de un noticiario de Televisa a su competencia en TV Azteca).

Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las “poderosas razones” que han hecho que Grupo Salinas se tome tantas molestias primero para frenar la ley y después para mutilarla a su gusto? Pues verá usted, una de las principales objeciones es que de aprobarse en sus términos la ley haría obligatorio que la autoridad reguladora (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) informase al público inversionista en caso de que se estuviesen llevando a cabo investigaciones en determinada emisora por presuntas violaciones a la ley; informar desde el inicio de las mismas investigaciones. “¡No! –dicen los objetores- ¡eso podría perjudicar a las empresas porque de inmediato el público se desharía de sus acciones y los precios de la emisora se desplomarían!” Y parecen tener razón, sólo que omiten decir que eliminar esa obligación (informar al mercado, al público, de una investigación en curso) permitiría que los accionistas de control –los dueños de a de veras de la empresa– tomaran sus providencias y vendieran sus acciones personales a precios altos porque ellos sí sabrían que están siendo investigados y el resto de los accionistas (sin voz, sin voto y además sin información) se quedaría en Babia pensando que la empresa no tiene ningún problema. Eso justamente hicieron, según la puntillosa investigación que hizo la SEC (el equivalente a la Comisión de Valores en Estados Unidos), dos o tres de los accionistas mayoritarios que controlan TV Azteca cuando supieron que la propia SEC les investigaba por prácticas irregulares: Vendieron más de cinco millones de dólares de sus propias acciones, mientras –nada tímidos– exhortaban a los analistas del mercado y al público a comprar más acciones de la televisora porque, decían, estaba como nunca de sólida y con excelentes perspectivas en el horizonte. Por eso, entre otras cosas, a esos dos o tres les sigue proceso la SEC en los tribunales de Estados Unidos. Todo esto puede verlo el lector en la minuciosa demanda que presentó ese organismo en aquél país a principios de este año.

Pues, sí. Esas sí son poderosas razones. ¿A quién le va a gustar que le cierren su minita de oro?

Lo malo es que en el camino están fastidiando a más de 21 millones de pequeños inversionistas mexicanos (la mayoría de los cuales ni siquiera están enterados de que son inversionistas) que tienen sus fondos de retiro en las Afores. Las sociedades de inversión que administran esos fondos (Siefores) ya están autorizadas para invertir en la bolsa y darles mejores rendimientos a sus socios (esos más de 21 millones de trabajadores e inversionistas) pero casi no han invertido en la bolsa, principalmente porque con la ley actual –que no tiene este tipo de reglas que obligan a la plena transparencia y a la información pública- comprar acciones en la bolsa de México es casi tan riesgoso como apostar el patrimonio en un billete de lotería.

Ojalá los voceros oficiosos de TV Azteca, tan imparciales y confiables, se tomaran también la molestia de contarnos algunas de las travesuras de los accionistas mayoritarios de esa empresa. Digo, para que podamos ver la película completa.