Recientemente el FAP (o sea, López, el PRD y compañía), presentó su propuesta de reforma fiscal. Después de analizar dicha propuesta, francamente no entendemos la feroz oposición de ese partido a la propuesta fiscal del Ejecutivo. Analicemos algunos de sus principales puntos.

El PRD propone: derogar el régimen de consolidación fiscal por cuanto favorece a los grandes consorcios empresariales, así como gravar las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores y eliminar la deducción del costo de adquisición de los terrenos.

Vaya, parece que no han entendido ó leído la propuesta del gobierno federal. Precisamente lo que la CETU persigue es eliminar las ventajas fiscales que tienen los grandes corporativos al consolidar sus utilidades y con ello meter toda clase de artimañas para eludir el pago de impuestos. La CETU elimina en la práctica estos regímenes especiales y evita toda la maraña burocrática de legislar para desaparecerlos. Por otro lado, la idea de gravar las ganancias de capital (las que resultan de invertir en la bolsa de valores) no es nada buena. Es cierto, algunos mercados de valores desarrollados lo hacen, pero implantar una medida de estas en un mercado emergente como lo es el mercado mexicano puede dar al traste con su crecimiento. Aún es un mercado pequeño y no sería nada bueno meterle distorsiones fiscales a un mercado que ya de por sí es de suyo riesgoso. Además no debe olvidarse que un principio fiscal es que si se gravan las ganancias, también se debe permitir deducir las pérdidas. Esto podría costar millones de pesos al Erario, quien tendría que descontar de la base gravable, las pérdidas bursátiles de los grandes inversionistas. Se puede volver otro esquema perverso para eludir impuestos.

El PRD propone: evitar la discrecionalidad que mantiene el gobierno federal en la asignación del gasto y asegurar que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal, así como establecer la consolidación y fortalecimiento de los derechos del contribuyente.

Precisamente uno de los puntos torales del la propuesta del Ejecutivo es someter bajo un estricto criterio de costo-beneficio al ejercicio de gasto público que realizan los tres niveles de gobierno. Este es el primer paso para evitar que sigan surgiendo obras públicas sin rentabilidad social (elefantes blancos). La propuesta es que intervengan organismos auditores externos, lo que reduce la discrecionalidad que pueda tener un gobierno de cualquier nivel. Por otra parte, la CETU pretende devolverle a millones de contribuyentes el derecho a ser tratados por igual, es decir, que los grandes corporativos no gocen de privilegios que la mayoría de los asalariados no tiene hoy. Definitivo, o todos coludos o todos rabones.

El PRD propone: etiquetar 100% los nuevos ingresos a inversiones en infraestructura, energía, educación, ciencia, tecnología, desarrollo regional y social con un criterio multianual y progresivo, evitando dilapidar la riqueza petrolera.

Otro punto importante de la reforma del Ejecutivo es precisamente evitar los jaloneos que año con años se da entre los partidos políticos para repartirse el pastel presupuestal. Esto se logra introduciendo, como ocurre en economías más ordenadas, presupuestos multianuales basados en reglas claras, en castigos (y premios) a quien haga mal uso de los recursos del contribuyente. Un presupuesto multianual permite además, bajar el costo de los recursos destinados a inversión en infraestructura, pues permite al gobierno contar con una mejor planeación financiera.

El PRD propone: liberar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de su responsabilidad de financiar el gasto corriente del gobierno, en especial modificar la base gravable al pago del derecho para el fondo de estabilización de ingresos petroleros, e incrementar la aportación al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) a uno por ciento del valor de la producción.

A ver, nos parece que aún no se entiende que para liberar recursos para PEMEX, se requiere elevar la recaudación fiscal y eso lo logra la CETU, pues pone en orden a los grandes corporativos que no están pagando correctamente sus impuestos. Claro, lo ideal es que el gasto corriente del gobierno no dependa de los ingresos petroleros (que PEMEX no sea del gobierno y que cotice en bolsa para que la mayoría de los mexicanos, vía las Siefores, puedan beneficiarse de la paraestatal), pero para que ello ocurra se necesita, además de una reforma fiscal seria, una reforma energética que permita a PEMEX asociarse e invertir con empresas privadas extranjeras, tal y como lo hacen todas las empresas petroleras en el mundo. No hay de otra. Si no se entiende esto, entonces cualquier propuesta alternativa es puro rollo, demagogia pues. Por cierto, bajo un criterio de costo-beneficio, el IMP puede desaparecer y no pasa nada.

El PRD propone: la reducción de 100 mil millones de pesos al gasto corriente del gobierno para el ejercicio fiscal de 2008, eliminando gastos suntuarios, burocracia redundante y privilegios clientelares.

Este es el mejor punto que propone el PRD. Es necesario meterle mucha tijera a la burocracia de todos los niveles y, por supuesto, a los gastos clientelares. De acuerdo pues. Sin embargo, hay que decir el cómo. No basta con mencionar una cifra espectacular. Es necesario precisar quien y cómo debe irse del gobierno. Este servidor ha insistido en este punto, pero debo reconocer que no he mencionado el cómo. Claro, no es grave, pero si se tratase de una propuesta al legislativo sí que lo sería. No sabemos si en este punto el PRD busca sólo publicidad dando a conocer una cifra espectacular. Insisto, hay que mencionar el cómo, si no es demagogia pura.

Estos son algunos puntos de la propuesta perredista. Como vemos, tiene aristas parecidas a las del Ejecutivo. No entendemos entonces la cerrazón perredista. El PRD insiste en mantener vivo al ISR que no es más que un impuesto confiscatorio lleno de hoyos que aprovechan unos cuantos. No estamos seguros, pero a veces parece que el PRD apoya a los grandes corporativos, increíble que de la izquierda vengan estas ideas.

Ahora las universidades privadas

Ya llegó Ramón Lecuona, de la U. Anáhuac, representando a las instituciones de educación superior privada, ya llegó a presionar a los legisladores para que derriben la CETU, pues según sus argumentos, esto hará que las colegiaturas suban para los padres de familia. Vaya análisis de Lecuona, ni parece que es doctor en economía. Lecuona omite decir que hay elasticidades de demanda; que un impuesto del gobierno difícilmente (en el caso mexicano imposible) es trasladado totalmente al consumidor (incidencia). Sólo si las universidades privadas enfrentaran una demanda perfectamente inelástica de los padres de familia lo podrían hacer, y ese no es el caso de la educación privada, que al contrario, enfrenta una demanda muy elástica. Así que Lecuona no use esos argumentos por que son baratos, sobre todo si se trata de un académico serio. Ahora bien ¿cuál es el temor de las universidades privadas si están pagando bien sus impuestos (y que por cierto cobran colegiaturas nada baratas)? Con la posibilidad de acreditar la CETU con el ISR, no hay nada que temer. ¿O qué, están eludiendo y/o evadiendo impuestos?