En su momento Agustín Carstens, secretario de Hacienda, señaló que el presupuesto de gasto social para 2008 será el mayor en la historia del país, 1 billón 100 mil millones de pesos, el 62 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual, para los gubernamentólatras (quienes creen que el gobierno lo debe todo, comenzando por la satisfacción de las necesidades básicas de los gobernados, sobre todo los pobres), y presupuestívoros (quienes viven de distribuir – el gobernante que da - o recibir – el gobernado que obtiene - el presupuesto), es una buena noticia, presupuesto histórico en materia de gasto social que muestra, una vez más, que gobernar es sinónimo de redistribuir, es decir, de quitarle a unos para darle a otros, lo cual me lleva, por enésima vez, a preguntar ¿qué justifica que el gobierno les quite a unos para darles a otros? o, dicho de otra manera, ¿qué justifica que el gobierno obligue a unos a beneficiar a otros?

La respuesta puede ser los resultados obtenidos y, de ser así, la redistribución está justificada. Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, correspondiente al 2006, del INEGI, en el año 2000 el 10 por ciento más rico de la población generó un ingreso 2 mil 541 por ciento mayor que el 10 por ciento más pobre, mientras que en 2006 el porcentaje se redujo a 1 mil 812. Además hay que considerar que entre 2000 y 2006 el 10 por ciento más rico de la población aumentó su ingreso, en términos reales, 7 por ciento, mientras que el 10 por ciento más pobre lo incrementó en 47.8. La conclusión es, uno, que la desigualdad ha ido disminuyendo y, dos, que los pobres han mejorado más que los ricos, lo cual, si la respuesta a la pregunta qué justifica que el gobierno les quite a unos para darles a otros es los resultados obtenidos, la redistribución está justificada, todo lo cual parte del supuesto de que la disminución de la desigualdad, y la mayor mejora de los más pobres, es producto de dicha redistribución, es decir, del gasto social, lo cual es suponer demasiado.

Supongamos, por un momento, que la disminución de la desigualdad, y el mayor avance de los más pobres, es consecuencia del gasto social, es decir, de la redistribución, del hecho de que el gobierno les quita a unos para darles a otros, del hecho de que el gobierno obliga a unos a hacerle el bien a otros. En tal caso, ¿se justifica la redistribución? Si así fuera, ¿se justifica una mayor redistribución? En pocas palabras, ¿la redistribución es cuestión de resultados o de principios? En materia de redistribución, ¿el resultado - disminución de la desigualdad y mayor mejora entre los pobres -, justifica el método – que el gobierno les quite a unos para darles a otros –?

Antes de responder tengamos en cuenta, ¡una vez más!, que la redistribución supone que el gobierno les quita a unos para darles a otros, obligando a unos a hacerle el bien a otros, forzando a los primeros a trabajar a favor de los segundos, no de manera directa, entregando parte de su trabajo, pero sí de forma indirecta, cediendo parte del producto de su trabajo.

Antes de contestar preguntémonos qué pasa cuando el gobierno, no contento con prohibir que le hagamos daño a los demás, se atreve a obligarnos a hacerle el bien a los otros, no de manera directa, entregando parte de nuestro trabajo, pero sí indirectamente, cediendo parte del producto de nuestro trabajo, ese 1 billón 100 mil millones de pesos que, el año entrante, el gobierno redistribuirá, presumiéndolo como un gran logro, rebasando, efectivamente, por la izquierda, para beneplácito de gubernamentólatras y presupuestívoros, sin olvidar que el primero de ellos es, ni más ni menos, que el Presidente de la República, cualquiera que sea, haya sido, o vaya a ser.

La redistribución, ¿es cosa de resultados o es cuestión de principios?