Ideas al vuelo
Dic 5, 2007
Ricardo Medina

Impunidad y juicios irresponsables

El guión del caso que llegó a la Suprema Corte contra el gobernador de Puebla es mucho más complicado de lo que los juicios fulminantes de muchos comunicadores hacen creer.

La detención de Lydia Cacho violó sus derechos individuales y sus garantías a un juicio justo sobre el presunto de delito de calumnia del que estaba acusada.

 

Existen claros indicios de confabulación entre el particular que acusaba a Cacho –Kamel Nacif- , el gobernador de Puebla y algunas autoridades de la procuración de justicia en ese estado para violentar los derechos de la periodista e incluso para poner en riesgo su integridad física, como un “escarmiento” a todas luces ilegal y condenable. Por fortuna, la confabulación fracasó.

 

La difusión de una conversación entre el gobernador y Nacif –grabada y difundida ilegalmente- exhibió la trama y la deplorable catadura moral de dichos sujetos.

 

Cualquier persona con integridad que fuese exhibida como lo fue el gobernador habría renunciado a su cargo y ofrecido públicas disculpas a la víctima y a toda la sociedad. No fue el caso del gobernador Mario Marín.

 

Ante la falta de independencia del poder legislativo local y de las autoridades judiciales locales, ante la omisión culposa del poder legislativo federal –que podría haber procedido, al menos, a considerar seriamente un juicio político contra el gobernador-, y dadas las gestiones de la misma agraviada, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia.

 

Aquí es donde el caso se complica aún más porque la Corte no era –de acuerdo con varios especialistas- la instancia jurídicamente habilitada para dar la sentencia que esperaba la sociedad. No se estaba discutiendo –como tontamente han dicho algunos comentaristas- el atroz crimen de la pederastia, sino la violación de las garantías de Cacho. Si el caso llegó a la Suprema Corte fue por la cadena de omisiones y cobardías de las otras instancias. Hay quien opina, con argumentos atendibles, que la Corte debía sentar el precedente de que es el recurso extremo al que un ciudadano puede acudir cuando la justicia le es denegada; y hay quien opina, también con argumentos atendibles, que no es ésa, en sentido estricto, su función. Ese es el debate.

 

Las afirmaciones amarillistas de quienes aseguran que la Corte legalizó la impunidad debilitan aún más el precario Estado de Derecho –rule of law- y confirman la gran irresponsabilidad de nuestra comentocracia, también impune por cierto.



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