La debilidad del estado de derecho en México es notoria,
siendo la consecuencia directa de ello el que la economía mexicana siga siendo
subdesarrollada, con altos índices de pobreza, con una distribución
notoriamente inequitativa de la riqueza y del ingreso
y un desempeño medido en tasas de crecimiento económico que año tras año no
pasa de ser mediocre. ¿Cuáles son las características del marco institucional
mexicano que nos permite afirmar que el estado de derecho es débil?
Primero, los derechos privados de propiedad no están
eficientemente definidos en el marco legal, empezando por la propia
Constitución que en el artículo 27 trata a todos los recursos como propiedad de
Segundo, el papel fundamental del Poder Judicial Federal es
proteger y garantizar las libertades individuales así como garantizar el
cumplimiento de los contratos entre particulares y, de manera muy destacada,
los que se realizan entre los particulares y el gobierno. Sin embargo, lo que
observamos es que los agentes privados simplemente no cuentan con la garantía
de protección judicial de sus derechos; no hay certeza de que el Poder Judicial
efectivamente garantizará el cumplimiento de contratos.
Tercero, el marco legal no garantiza la igualdad de oportunidades
de acceso a todos y cada uno de los mercados, incluyendo los de bienes y
servicios así como de los factores de la producción. Es decir, siguen imperando
significativas prácticas monopólicas en la economía,
tanto públicas como privadas.
Cuarto, es notoria la permisibilidad
de los gobiernos federal, estatales y municipales para que una enorme
diversidad de actividades económicas, productivas y comerciales, se realicen al
margen de la ley en lo que eufemísticamente se denomina “economía informal” cuando
su correcta acepción es, lisa y llanamente, ilegalidad. Si el gobierno mismo no
se sujeta al imperio de la ley, en todo momento y circunstancia, simplemente no
existe un estado de derecho.
Quinto, prevalece que grupos de delincuentes cometen
impunemente actos violatorios de las leyes sólo porque se amparan en la figura
de “luchadores sociales” y el gobierno les permita, impunemente, hasta
constituir ejércitos tipo las “adelitas del Sr.
López”, a quienes sólo les falta estar armadas.
Y con estos cinco elementos, ¿quién va a ser el valiente
mexicano que esté dispuesto a invertir miles de millones de dólares en
refinerías para maquilarle a PEMEX gasolina y petroquímicos primarios? ¿Qué
garantía legal y judicial se tiene para darle certeza
a estos potenciales inversionistas privados de que no se violarán sus derechos
de propiedad? ¿Tiene futuro la propuesta de reforma energética que le da
entrada al sector privado sin hacer una modificación de fondo a