Parece que la estrategia de la administración Bush en Guantánamo ha sido utilizar información sustraída bajo tortura, enviar presos a países amigos donde no hay respeto alguno por los derechos individuales y dejar que el próximo presidente cargue con sus errores y horrores legales.
Miami (AIPE)- La Corte Suprema, por tercera vez en
cuatro años le negó a la Casa Blanca, el 12 de junio, la imposición de una justicia
a su manera -a través de “comisionados militares”- en los casos de 270
“combatientes enemigos” actualmente presos en la base naval de Guantánamo. Algunos
están detenidos desde septiembre de 2001,
otros ocupan celdas solitarias y 250 de ellos ni siquiera han sido acusados de
nada. En nombre de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema, el juez Anthony
Kennedy dictaminó que “dentro de la estructura de la separación de poderes en
la Constitución, pocas actuaciones del poder judicial son tan legítimas o tan
necesarias como la responsabilidad de escuchar los desafíos a la autoridad del
Ejecutivo por encarcelar a una persona... Las leyes y la Constitución están
diseñadas para sobrevivir y ser respetadas en tiempos extraordinarios”.
La Corte Suprema ha reaccionado de igual manera en
todos los casos donde el gobierno de Bush ha tratado
a sospechosos de actos terroristas fuera del sistema legal, por haber el
Pentágono insistido en manejar directamente todos esos juicios -desde los
tiempos en que habían más de 650 presos en Guantánamo-, argumentando que son
prisioneros de la guerra contra el terrorismo y que fueron capturados en los
campos de batalla, de manera similar a lo ocurrido durante la Segunda Guerra
Mundial.
Pero el primero en la lista de los casos por juzgar es
Lakhdar Boummediene, quien
no fue capturado en los campos de batalla de Afganistán, sino secuestrado por
agentes norteamericanos en Bosnia, junto a otros argelinos.
Desde luego que no se trata de excusar ni defender a
terroristas y criminales, pero Estados Unidos estaría proyectando una imagen
atroz y el peor ejemplo al resto del mundo si sus agentes secretos proceden a
secuestrar presuntos enemigos de la paz, para llevarlos a una base militar en
la isla de Cuba, donde son juzgados por autoridades militares, fuera de la
jurisdicción de los tribunales.
El juez Kennedy dejó claro que aquellas leyes que
pretenden eliminar el derecho de habeas
corpus a los prisioneros en Guantánamo son inconstitucionales, ya que el
Congreso de Estados Unidos no ha suspendido tal derecho por haber sufrido la
nación una invasión extranjera o una rebelión interna. Aun cuando la detención
se haya realizado legalmente, se deben garantizar los derechos del individuo. Y
sólo el Poder Legislativo puede regular las penas de privación de libertad.
Habeas
corpus es el principio constitucional que garantiza el
derecho a la libertad personal, por lo que la capacidad del Ejecutivo de detener a una
persona es estrictamente temporal, y protege al individuo de toda represión
arbitraria.
El 13 de noviembre de 2001, el Presidente Bush dio curso a una orden militar llamada “Detención,
trato y enjuiciamiento de ciertos no-ciudadanos en la guerra contra el
terrorismo”. Esa orden mantenía que el secretario de Defensa tiene
responsabilidad final sobre individuos y que tales individuos serían
enjuiciados por militares.
Evidentemente que la Corte Suprema opina de manera
diferente, pero parece que la estrategia de la administración Bush en Guantánamo ha sido utilizar información sustraída
bajo tortura, enviar presos a países amigos donde no hay respeto alguno por los derechos individuales y dejar que el próximo presidente
cargue con sus errores y horrores legales.
La base naval de Guantánamo, que el presidente Bush convirtió en prisión en 2002, cubre un área de
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EntrarDurante siglos se ha debatido quién debe detentar el poder y no los límites de ese poder.