Partiendo de una situación de bajo crecimiento en la producción de mercancías (2.5 por ciento, en promedio anual, entre 1983 y 2008), de un ingreso por habitante que deja que desear (311 pesos, diarios, en 2008), y de un desempleo creciente (2.8 por ciento de la población económicamente activa, en 2001, y 4.0 en 2008), la pregunta es ¿cómo conseguir mayor crecimiento en la producción, más y mejores trabajos, e ingresos suficientes, que alcancen para ahorrar?

Muchos creen que la respuesta está en las políticas económicas del gobierno (fiscal, monetaria, comercial, industrial, agropecuaria, cambiaria, etc.), como si el gobierno pudiera, a través de dichas políticas, crear las condiciones para lograr producir más y mejores bienes y servicios, para un mayor número de gente. Poco es lo que dichas políticas (la mayoría de ellas de inspiración keynesiana), pueden hacer por el progreso económico, lo cual no quiere decir que poco sea lo que el gobierno debe hacer para lograr mejores resultados económicos. Pero lo que debe hacer no se encuentra en las políticas económicas, sino en el marco institucional de la economía, es decir, en las reglas del juego que dependen, fundamentalmente, de los legisladores, parte de los cuales (sobre  todo diputados federales) elegiremos el próximo 5 de julio. ¿Cuántos de ellos saben lo que el progreso económico, definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios, para un mayor número de gente, demanda de las reglas del juego? Y, suponiendo que lo sepan, ¿cuántos están dispuestos a hacer, todo lo que hay que hacer, para eliminar, del marco jurídico de la economía mexicana, todos los excesos y defectos, sin olvidar una que otra contradicción, que limitan las posibilidades de progreso económico de los mexicanos?

La palabra clave es inversión, definida como el gasto destinado a producir más y mejores bienes y servicios, inversión que se puede realizar en investigación científica; desarrollo técnico; instalaciones, maquinaria y equipo; infraestructura, sobre todo de comunicaciones y transportes; educación y capacitación, y, en general, en todo lo que contribuye a producir más y mejor. Sin más, ¡y mejores!, inversiones, la producción de bienes y servicios no crecerá más de lo que ha venido creciendo, los ingresos de los mexicanos seguirán siendo bajos, y el desempleo seguirá siendo mayor del que sería si, en México, se invirtiera más y mejor.

¿De qué depende una mayor y mejor inversión? ¿De las políticas económicas gubernamentales, por ejemplo, de exenciones tributarias para los capitalistas que inviertan en aquellas actividades que algún burócrata considera se deben impulsar? ¿O de la protección que, frente a las importaciones, el gobierno le brinde a algún grupo de industriales nacionales, bajo el pretexto de que las mismas generan competencia desleal? ¿O de la devaluación del peso, con el fin de promover las exportaciones? ¿De este tipo de políticas (la primera fiscal, la segunda comercial – industrial, y la tercera cambiaria), depende una mayor y mejor inversión? No, claro que no. Entonces, ¿de qué depende? De las reglas del juego. Del marco institucional.

Continuará.