Ay del conductor cuyo coche se vaya al corralón; más le valiera no haber conducido. Será víctima inmediata de la delincuencia organizada oficial que significa ese sistema legal de extorsión y de corrupción.

No es impreciso hablar de delincuencia organizada y extorsión. No es exageración. No es una figura retórica. No es demagogia. No es mentira.

Todo comienza con la señalización. Yo me estacioné sin estorbar a nadie en una calle de bajísima circulación donde es absurdo prohibir estacionarse. Esa calle desemboca a Campos Elíseos, lugar donde a las prohibiciones se agregan un letrero: “Se usará grúa”. Ya no multan; es mejor negocio el corralón.

Todo continúa con el Pejerreglamento de Tránsito del D.F. Antes de él teníamos garantía de que si una grúa nos infraccionaba, nos desenganchara; pero toda nueva legislación se admite siempre y cuando reduzca estatura al ciudadano: el art. 62 ordena que todo coche mal estacionado (aunque esté presente el conductor) se vaya al “depósito” (así tratan de modificar el vocablo usado por todos, corralón).  Pero es la ley. Dice así:

Art. 45. (…) “Para la devolución del vehículo en los depósitos, será indispensable la comprobación de su propiedad o legal posesión, el pago previo de las multas adeudadas y derechos que procedan, exhibición de la licencia de conducir, una copia de la misma y portar las llaves del vehículo. Asimismo, se deberá comprobar la no existencia de créditos por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, federal o local, según corresponda y derechos por servicios de control vehicular, del ejercicio fiscal anterior al de la devolución del vehículo.”

Para el ciudadano respetuoso de la ley bastaría pagar multas y arrastre, traer licencia con una copia, llaves, copia de la tenencia más reciente, y copia de la factura o carta del dueño autorizándome usar el coche. ¿Si?

¡Pues no! Si ya el reglamento nos complica la vida, no es nada ante los grulleros y corraloneros. En el “depósito” de San Joaquín me exigieron esto, aparte de lo anterior:

1.      No les importó la carta membretada firmada por un representante legal de la empresa que me lo vendió a plazos, y me autoriza a usar el coche.

2.      Llevar el original de la factura; no les bastaron dos copias a igual nombre que la tarjeta de circulación.

3.      Comprobantes originales de todas las tenencias, con dos copias.

4.      Presentarse un apoderado de la empresa propietaria del coche, pero con ¡poder notarial! Y si no… copia certificada ¡del acta constitutiva de la empresa! (que se fundó en 1906). Y pidieron dos copias del poder completito.

5.      Credencial original del IFE, tanto del chofer que hizo originalmente el trámite, como del apoderado que se presentó con el poder; y dos copias de c/u.

6.      Dos copias de ambas infracciones. (Obviamente hay un negocio de copias muy cercano, cuyos dueños o protegidos no conocemos.)

No aceptan copias sin originales; ¡deben cotejar! (En este país, todo ciudadano con papeles es sospechoso de falsificador.) Y vaya riesgo, andar paseando originales de facturas y tenencias alrededor de los corralones. Un robacoches queda legalizado ipso facto.

Esta delicia tomó siete horas y media y echó a perder el día de cuatro personas: un funcionario de la empresa dueña del coche; un chofer repartidor a quien pedí ayudarme, que no pudo trabajar ese día; un asistente del apoderado de la empresa; y yo. Además del contador, que debió sacar de sus archivos contables los documentos originales del coche.

Todo esto porque di una instrucción muy sencilla al chofer: me niego a pagar mordida. Jamás imaginé que llegara a esos niveles de indecencia en el negociazo de los corralones, como para arruinar la productividad de 5 personas que por no caer en la extorsión ilegal caímos en la extorsión legal. Supuestamente legal, mejor dicho, porque superan al Reglamento de Tránsito.

Tuve suerte: el funcionario apoderado de la empresa dueña del coche, extremadamente servicial (su horario había concluido), sabe cómo se las gasta el GDF en estos “servicios”; y los papeles estaban en orden. Si no, el único, único, único remedio habría sido dar mordida o esperar días dejando secuestrado mi coche en el “depósito”.

Una mordida habría sido infinitamente menos ardua, difícil y costosa. Por algo hacen las leyes y las aplican así. Qué mal debimos caerle a esos pillos que cobran su sueldo con impuestos, al negamos a que nos mordieran. Imaginemos qué pasa con una persona de menos recursos financieros, legales u organizacionales que yo. Alguien (la había allí) que tuviera su factura en Cuernavaca. O uno al borde de la desesperación por esos infames trámites. Lo había también.

Todo eso hace, de los corralones, un eslabón de la delincuencia organizada, protegida por mafiosos con el cobijo de la ley. Cuauhtémoc Cárdenas denunció que los verificentros actuaban como delincuencia organizada (y nada hizo como gobernante para impedirlo). Ebrard tendrá que meter en cintura a ese hatajo de truhanes de grúas y corralones, que se basan en un reglamento diseñado para una ciudad que no existe; donde no hay dónde estacionarse; donde todo servicio es insuficiente.

Lo que no es insuficiente son dos cosas: la voracidad y codicia de esos bandoleros cobijados por la ley, y su impulso por sentirse autoridad a base de molestar, extorsionar y agobiar al gobernado. Los gobiernos del PRD presumen de cercanía con el pueblo. Vaya manera de estar cerca de ellos.