En materia económica los perredistas proponen democracia económica; política industrial; desarrollo económico plural e incluyente; finanzas públicas; política monetaria y financiera; política fiscal; financiamiento al desarrollo; competitividad en la economía internacional; sustentabilidad, y trece medidas de aplicación inmediata frente a la crisis económica. Dada la importancia de la competitividad, definida como la capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones, de las cuales depende el progreso económico, entendido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios, para un mayor número de gente, centro la atención en la propuesta perredista en la materia.

Leemos, en el documento oficial, que “para que México participe provechosamente en la economía global, lo primario es la construcción de una capacidad productiva, organizativa y negociadora nacional para actuar con eficiencia en el entorno internacional”, para lo cual, “se revisará la política económica de nuestro país, en particular las cuestiones financieras, comerciales y tributarias, así como otros compromisos internacionales para encausar las inversiones extranjeras a las metas del desarrollo nacional”.

La revisión de la política económica urge, y si se hace a favor de la libertad individual y de la propiedad privada, sobre todo en materia comercial y tributaria, los resultados serán positivos, propiedad y libertad de las cuales recelan los perredistas, tal y como lo muestra su intención de “encausar las inversiones extranjeras (¿y por qué no también las nacionales?) a las metas del desarrollo nacional”, al cual deberán de someterse la libertad y la propiedad de los inversionistas extranjeros, lo cual es contrario a la competitividad. ¿Qué tenemos? Una grave contradicción en la propuesta perredista a favor de la competitividad que, definida como la capacidad de una nación para atraer, retener y multiplicar capitales, requiere del respeto a la libertad individual para invertir, y a la propiedad privada sobre los medios de producción, todo lo cual choca con cualquier proyecto de desarrollo nacional que pretenda imponer un rumbo a la inversión privada.

Los perredistas pretenden que los tratados comerciales y de inversión incluyan 1) “el tema de la movilidad de la mano de obra”, ¡algo importantísimo!; 2) el establecimiento de “fondos compensatorios dirigidos a proyectos de desarrollo regional, educación, ciencia, tecnología e infraestructura”; 3) el rechazo de “condiciones que restrinjan la capacidad regulatoria del Estado mexicano”, y 4) la concreción de “tratados económicos internacionales equitativos, fomentadores de la producción nacional”.

Salvo el primer punto, que tiene que ver con el libre tránsito de personas de un país a otro, el resto de las propuesta perredistas nada tienen que ver con la competitividad, y son tan generales – fondos compensatorios, capacidad regulatoria del Estado, tratados equitativos -, que no dicen nada, con un agravante adicional: en ningún párrafo de cuestionan los monopolios, y en ninguna línea se habla a favor de la competencia, sin olvidar ocurrencias como la “creación de un Consejo Económico de Estado”, la intención de que “la sociedad regule el mercado” (ya que “el mercado desregulado destruye la convivencia social”), o el propósito de “distribuir equitativamente los beneficios”. ¿Objetivo? Ordenar y regular el mercado.

Continuará.