LUNES, 20 DE JULIO DE 2009
Apoyo a la industria automotriz: Un privilegio más

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“¿Por qué ayudar a la industria automotriz y no a otras, sobre todo productoras de bienes de capital y de bienes de consumo duraderos, igual o más fuertemente golpeadas por la recesión? ¿Dónde queda la legitimidad de un gobierno que ayuda a unos y no a otros? ¿Cuál es el criterio para decidir a éste sí y a aquel no?”


El presidente Calderón puso en marcha el plan de renovación vehicular, con el cual se pretende ayudar a la alicaída industria automotriz que, como ya se ve, tiene la habilidad suficiente para lograr que el gobierno le otorgue privilegios, porque eso, privilegios, es lo que de entrada supone el mentado plan de renovación vehicular, que consiste en la entrega de 15 mil pesos a todo aquel que, dueño de un automóvil con más de diez años de uso, esté dispuesto a cambiarlo por uno nuevo, cuyo precio no exceda los 160 mil pesos, plan de renovación vehicular que será aplicable, solamente, para los vehículos que se hayan ensamblado en México, o en países con los que México tenga un tratado de libre comercio, o que sean ofrecidos por fabricantes establecidos en territorio mexicano. El presupuesto asignado para arrancar el programa asciende a 500 millones de pesos, que, de resultar eficaz, podrán ampliarse hasta los mil millones.

 

Más de uno dirá que ya era tiempo, que ahora sí el gobierno está actuando contra la crisis, misma que ha tenido como resultado, entre muchos otros, una contracción en la venta de autos nuevos que, nada más en junio, alcanzó el 31 por ciento, caída ante la cual el gobierno pone en marcha el plan de renovación vehicular, que supone, en pocas palabras, otorgarle, a quien decida cambiar su coche viejo por uno nuevo, un subsidio de, prácticamente, el diez por ciento, ya que el programa será válido para la compra de autos nuevos cuyo precio no exceda los 160 mil pesos, y la cantidad que el gobierno le entregará a quien venda su coche viejo será de 15 mil, prácticamente el 10 por ciento (9.4 por ciento, para ser exactos), todo lo cual, dirán algunos, apunta en la dirección correcta.

 

Sin embargo, de entrada, hay que considerar dos cosas.

 

Primera, ¿por qué ayudar a la industria automotriz y no a otras, sobre todo productoras de bienes de capital y de bienes de consumo duraderos, igual o más fuertemente golpeadas por la recesión? ¿Dónde queda la legitimidad de un gobierno que ayuda a unos y no a otros? ¿Cuál es el criterio para decidir a éste sí y a aquel no?

 

Segunda, ¿de dónde van a salir los recursos para subsidiar la compra de autos nuevos? Del bolsillo de los contribuyentes, quienes serán los directamente perjudicados por el plan de renovación vehicular, y ello por una de estas dos razones: porque si el gobierno no ayudara de tal manera a la industria automotriz los contribuyentes podrían pagar menos impuestos o porque, si el gobierno no destinará recursos para el beneficio privado de la industria automotriz, los contribuyentes recibirían más bienes públicos, que son los que el gobierno está obligado a proporcionar. ¿Dónde queda la legitimidad de un gobierno que al ayudar a unos perjudica a otros?

 

El apoyo a la industria automotriz es una muestra más de los privilegios que, en este país, ¡por cortesía del gobierno!, algunos (de hecho muchos) todavía gozan.

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