El Econoclasta
Sep 28, 2009
Isaac Katz

Incentivos desalineados

Aun suponiendo que un determinado rubro de gasto gubernamental sí tuviese una justificación con criterios de rentabilidad social, el resultado siempre va a ser subóptimo. Es un problema de incentivos desalineados.

El gobierno está desesperado para obtener de los contribuyentes recursos tributarios adicionales que le permitan cuadrar las finanzas públicas sin incurrir en un déficit significativo y en presencia de un enorme desperdicio de recursos por parte de todas y cada una de las dependencias que componen el sector público federal, al cual hay que agregar el derroche que también se registra en los gobiernos estatales y municipales. Es tal este desperdicio en rubros de gasto que ni siquiera tendrían por qué existir, aunado a la ineficiencia generalizada del gasto, que el gobierno es un especialista en destruir riqueza nacional; el gobierno es, por generar y enfrentar incentivos desalineados, un factor que inhibe el crecimiento y el desarrollo económico.

 

La aberración constitucional de que el gobierno, que no el estado, debe ser el rector del desarrollo nacional, subordinando la libertad individual a la consecución de una quimera que es el “bien común”, ha llevado al gobierno a intervenir en áreas que realmente no le competen, hecho que lleva a un nivel de gasto público superior al óptimo. En consecuencia, para financiar este exceso de gasto público, la extracción de recursos que se les imponen a los muy pocos agentes económicos privados que efectivamente pagan impuestos, es mayor a aquella compatible con un crecimiento económico alto y sostenido. Esto se agrava todavía más si, como sucede en México, el diseño del sistema tributario que el sector privado enfrenta castiga el trabajo, el ahorro y la inversión es decir, uno que no alinea los incentivos con la acumulación de riqueza y con el crecimiento económico.

 

Aunado a lo anterior, otro aspecto de las finanzas públicas que también inhiben el crecimiento económico y que se deriva de que los incentivos que enfrentan los legisladores y los funcionarios de las dependencias gubernamentales no son los que se requieren para lograr que el gasto que se programa y se ejerce esté siempre sujeto a un criterio de rentabilidad social. En consecuencia, una parte significativa del gasto público no es más que transferencias de rentas a grupos particulares de interés, sean éstos productores, partidos políticos, burocracia, sindicatos gubernamentales y de empresas paraestatales, etcétera, gasto que no se aprobaría si el elemento decisorio fuese solamente la evaluación social del programa, pero que se aprueba y ejerce porque políticamente sí es rentable. Dado que este gasto, financiado con recursos que el gobierno le extrae a la sociedad no es socialmente rentable, el resultado no es más que una destrucción de parte de la riqueza nacional.

 

Más todavía, aun suponiendo que un determinado rubro de gasto gubernamental sí tuviese una justificación con criterios de rentabilidad social, el resultado siempre va a ser subóptimo. Esto se debe a que los derechos de propiedad sobre los recursos que el gobierno ejerce no están eficientemente definidos y, por lo mismo, no existen los incentivos para que los funcionarios públicos los ejerzan con criterios de calidad es decir buscando obtener la mayor tasa de rentabilidad social por peso gastado, más aun cuando no existe un eficiente sistema de rendición de cuentas; no hay manera de castigar a un funcionario público por ser ineficiente.

 

Es un problema de incentivos desalineados.



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