El lunes 26 de octubre el periódico “Reforma” publicó varios datos sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México que, por decir lo menos, ponen en duda la eficiencia, la pertinencia y hasta la probidad de ese organismo “autónomo”.

Lo más destacado de la información fue: 1. Que la CNDH triplicó su gasto en sólo nueve años, pasando de 283 millones de pesos anuales en 2000 a 912.5 millones de pesos en 2009, 2. Que la CNDH gastó una cantidad considerable de recursos en la adquisición de inmuebles –185.8 millones de pesos entre 2000 y 2005-, así como en remodelaciones de los mismos, 57.4 millones de pesos entre 2002 y 2009, 3. Que inexplicablemente la CNDH gastó también de 2002 a 2009 más de 24 millones de pesos para pagar trabajos de asesoría y consultoría, de los cuales el 46 por ciento fueron cobrados por la consultoría ARegional, una empresa que supuestamente asesora a gobiernos locales –de estados y municipios- en asuntos fiscales y a la que no se le conocen estudios o análisis acerca de los derechos humanos, y 4. Que dicha consultora, ARegional, fundada en el año 2000, es propiedad del senador Manlio Fabio Beltrones, mientras que el yerno de éste, Pablo Escudero, hoy diputado federal por el Partido Verde, fue Oficial Mayor de la CNDH (la nota del diario no especifica el período en el que Escudero ocupó dicho cargo en la CNDH).

El todavía titular de la CNDH, José Luis Soberanes, quien terminará en breve su periodo de acuerdo con el plazo que marca la ley, respondió a la nota del diario “Reforma” de la manera siguiente (cito la versión del propio diario, porque la página de la red de la CNDH no recoge las declaraciones de su todavía presidente):

1.      “Somos la institución más auditada del país, nos audita el órgano superior de fiscalización (se refiere, en realidad, a la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados); la auditoría nuestra y empresas privadas”. Comentario de Juan Pablo Roiz: Se equivoca o miente, señor Soberanes, cualquier dependencia federal es vigilada por esos mismos órganos, eso se aplica lo mismo al más modesto resguardo aduanal o a una escuela primaria pública federal que a la Presidencia de la República. La CNDH no es, en absoluto, la institución más auditada del país.

2.      “Tenemos una aceptación de la sociedad de más del 70 por ciento y yo creo que ésa es la mejor auditoría”. Comentario de Juan Pablo Roiz: Se trata del argumento más endeble que un jurista, se supone que Soberanes lo es, puede dar. Los sondeos y encuestas de opinión NO suplantan el puntual escrutinio público del uso de los recursos de los contribuyentes. Por otra parte, la propia CNDH, en su página de Internet, habla de que “el 18 por ciento de los encuestados no sabe cómo calificar el desempeño de Soberanes al frente de la CNDH”; también señala que sólo 2 por ciento califica su gestión de muy buena y un 49 por ciento de buena. La aritmética no es el fuerte del abogado Soberanes. Si las encuestas de opinión son, de ahora en adelante por decisión de Soberanes, “la mejor de las auditorías” de una entidad pública pagada por los impuestos de los contribuyentes, hagamos a las casas encuestadoras las auditoras de la Nación y desparezcamos a las demás instancias de escrutinio.

3.      “Soberanes negó que cuando se contrataron los servicios de la empresa Aregional, ésta tuviera alguna relación con Manlio Fabio Beltrones”, dice la respuesta que consigna el diario “Reforma” en su sitio de la red. Esta respuesta es una total tomada de pelo del doctor Soberanes a la opinión pública, ¿puede, acaso, mostrar los registros públicos de la propiedad que avalen su afirmación? Y, por otra parte, eso elude el problema esencial: ¿Bajo qué criterio se justifica la contratación de una cara asesoría de una empresa que nada tiene que ver con la promoción o defensa de los derechos humanos, sino con los asuntos fiscales de estados y municipios?, ¿qué consultorías le hizo ARegional a la CNDH?, ¿fueron trabajos por asignación directa o sometidos a concurso?, ¿se ajustó esa asignación a lo que estipula le ley?

Ya es bastante chocante que un destacado senador –y antes diputado federal- aparezca ante la opinión pública como dueño de una consultoría que trabaja para estados y municipios en materia fiscal (¿acaso ARegional es la pantalla, como dicen las malas lenguas en los corrillos políticos, para subastar partidas del presupuesto federal entre estados y municipios?), como para agregarle el hecho, a cual más extraño, de que esa misma consultora le haga trabajos de asesoría a la CNDH, habiendo sido el yerno de su presunto dueño, el senador Beltrones, el Oficial Mayor de esa dependencia.

La respuesta pública de Soberanes a las denuncias de “Reforma” nunca justifica el incremento desorbitado de su gasto (siendo un órgano autónomo, el gobierno federal tiende a verse obligado, so pena de que se le tilde de lesionar la autonomía de la CNDH, a concederle todas sus solicitudes de gasto) ni el hecho de que ese organismo sea, de entre sus similares del mundo, probablemente el más caro.

Se me olvidaba otra “justificación” descabellada que ofreció Soberanes para el dispendio. Según él la CNDH atiende a 109 millones de personas (todos los mexicanos) por lo que tiene un costo promedio por cabeza de sólo 8.31 pesos anuales. Ese indicador impertinente y falso constituye una burla para la sociedad mexicana. Por lo pronto, yo exijo que el doctor Soberanes nos reste a mí y a mi familia de sus presuntos “clientes”. En estos nueve años hemos sufrido diversas violaciones a nuestros derechos humanos, por parte de autoridades menores, de delincuentes protegidos por otras autoridades menores o incluso mayores, así como agravios cometidos en contra de nuestros derechos fundamentales por legisladores federales y locales (por ejemplo, aquellos que nos negaron el derecho a expresar nuestro parecer en los medios de comunicación respecto de candidatos y partidos), y no hemos recibido la menor atención de la CNDH, ni mucho menos de su presidente, el doctor Soberanes.

¿Creerá este fatuo abogado que con ese género de mentiras logrará apartarse del escrutinio público respecto de su conducta, que es totalmente sospechosa, especialmente por lo que hace a esas asesorías contratadas con ARegional?