VIERNES, 23 DE ABRIL DE 2010
Responsables de la seguridad ¿Calderón o los Gobernadores?

¿Es justo que el gobierno, por medio de leyes, prohíba el libre tránsito de personas entre países y la libre compra-venta de drogas?
Sí, porque ambas acciones causan daño a propios y terceros
No, porque ambas acciones no violan los derechos de los demás
No sé



“La única manera verdaderamente funcional de acabar con el problema de la inmigración ilegal y de los tráficos mafiosos es legalizando las drogas y abriendo las fronteras de par en par.”
Mario Vargas Llosa

Luis Pazos









“Muchos senadores y diputados de oposición al Gobierno Federal se dedican a criticar al ejecutivo en la lucha contra el crimen organizado. En su mayoría, esas críticas no plantean soluciones, sólo buscan restarle credibilidad al Gobierno Federal por razones electorales.”


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Muchos senadores y diputados de oposición al Gobierno Federal se dedican a criticar al ejecutivo en la lucha contra el crimen organizado. En su mayoría, esas críticas no plantean soluciones, sólo buscan restarle credibilidad al Gobierno Federal por razones electorales.

Parecen olvidar esos críticos que en la lucha contra el crimen del Presidente Calderón, los homicidios, daños a terceros, lesiones, robos y extorsión, son delitos competencia de las autoridades estatales, a cuyos partidos pertenecen  muchos de sus titulares. Los Estados donde han ocurrido el mayor número de asesinatos son el Estado de Chihuahua, 6,657, gobernado por el PRI; El Estado de Sinaloa, 3,133, gobernado por el PRI y  1,826 en el Estado de Guerrero, gobernado por el PRD. De los 30 municipios más violentos, 20 son gobernados por el PRI y concentran el 73% de los muertos relacionados con el crimen organizado.

Gran parte de la inseguridad y enfrentamientos que vemos en las calles son la cosecha de la complicidad e indiferencia con que en décadas pasadas se combatió el crimen a nivel federal y estatal, como todavía sucede en varios estados. En los medios de comunicación consignan frecuentemente el hecho de policías estatales que están al servicio del crimen organizado.

Si en realidad los legisladores buscan un ambiente de seguridad para México, más allá de posiciones electorales, deben empezar por recomendarle a los gobernadores de sus partidos que pongan más atención a una de sus funciones básicas: dar seguridad a sus gobernados.

Gobernadores y legisladores de todos los partidos, más que buscar sacarle ventaja electoral a la lucha contra el crimen, deben coordinar esfuerzos para reducirlo y acordar acciones con el Gobierno Federal para restablecer la tranquilidad ciudadana en los estados líderes en homicidios.


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