Después de analizar con detenimiento los distintos aspectos que tiene el combate a las organizaciones criminales vinculadas al comercio internacional de estupefacientes en nuestro país, la sola conclusión sensata a la que se puede llegar es que la legalización de las drogas es la única salida lógica para atacar de raíz el problema.

Sin embargo, un paso de esa envergadura no puede darse mediante la acción unilateral de México sino que requiere, por fuerza, que Estados Unidos, por mucho el principal consumidor de drogas de la región, tome la iniciativa para legalizarlas y encabece un acuerdo internacional al respecto.

La realidad política estadounidense, sin embargo, hace que esté lejos el inicio de la necesaria discusión para comparar los costos y beneficios que tiene la actual política de combate a las drogas, sobre todo en territorios ajenos a los suyos en los que se genera su oferta y traslado, frente a otras opciones que parecen superiores.

Es una lástima que la Propuesta 19, que hubiera legalizado la producción y venta de la mariguana en California, fuera derrotada pues su aprobación habría forzado a iniciar el debate aludido. A pesar de ello, sigue la aprobación de la mariguana para “usos médicos” a nivel estatal, con Arizona como el más reciente de los 15 estado que ya lo han hecho.

Si bien la prohibición de las drogas en EU no tiene el rango jurídico que se le dio al alcohol mediante la 18ª enmienda constitucional de 1919, revertirla requerirá crear una coalición política que sume a todos beneficiarios de la legalización, como se hizo con la alianza de enemigos de la prohibición que consiguió eliminarla en 1933.

Al igual que en el caso del alcohol, tanto el camino para su proscripción a nivel federal como el de regreso a la legalización, fueron precedidos por acciones tomadas por los estados y municipios, en forma similar a como está ocurriendo ahora con la certificación de la mariguana por la puerta lateral de su aplicación médica.

Mientras se prepara el camino para tener un diálogo inteligente sobre el tema en EU y a nivel internacional, nuestro país se está desangrando en una auténtica guerra sin cuartel con los narcos, que en cuatro años cobró más de 30 mil vidas, que absorbe enormes recursos fiscales y que eleva la inseguridad de manera aterradora.

Peor aún, puso en la línea de fuego a las fuerzas armadas, una de las instituciones esenciales y respetadas del país, corriendo el riesgo de que las inmensas utilidades del narcotráfico y los otros comercios ilícitos en los que están involucradas las organizaciones criminales, acaben corrompiéndolas como lo hicieron con las policías.

Como han señalado varios analistas, la legalización unilateral por parte de nuestro país no resolvería el problema y nos pondría en una trayectoria de colisión con EU que nos perjudicaría gravemente en otros asuntos de vital importancia para México, como los relativos al comercio y a los flujos financieros.

En consecuencia, ¿qué caminos le quedan a México en este tema? La única solución aparente es la de encarecer a los narcotraficantes hacer sus negocios en nuestro país para inducirlos a que se vayan a otras latitudes en las que realizar sus operaciones les resulte más barato.

Si bien es cierto que sólo Canadá cuenta con una frontera con EU semejante a la nuestra, por la que, por cierto, la cifras disponibles indican que ya se utiliza para exportar crecientes volúmenes de mariguana, el reabrir la ruta marítima por el Caribe o ampliar la que ya está operando por el Pacífico desde Colombia, podría inducir a las organizaciones criminales a cambiar sus bases de operación.

En este escenario, la cocaína fluiría a EU proveniente del sur sin pasar por México, mientras que respecto a las drogas artificiales como la metanfetamina, cuyos precursores químicos se producen en China e India, convendría a los narcos mudarse a alguna isla del Pacífico para llegar a EU por la vía marítima, y la mariguana se produciría aún más en California o llegaría desde Canadá.

La gran pregunta es por qué no se ha visto que los narcos inicien su mudanza a sitios más cómodos, pues es indudable que el gobierno les ha impuesto costos elevadísimos en términos de vidas y haciendas, decomisos de producto, armamento, propiedades y vehículos. Lamentablemente, desconozco la respuesta.