En pleno inicio de la Semana Mayor, el lunes pasado la firma calificadora de crédito Standard & Poors (S&P) cambió su apreciación de estable a negativa en su perspectiva a largo plazo de la deuda de Estados Unidos, que sigue teniendo la máxima calificación que esa firma otorga, AAA.

Este ligero descenso en la valoración de la deuda de ese país no tiene precedente en la historia desde que se fundaron las empresas que evalúan la calidad del crédito de naciones y negocios por igual, y se sustenta en los abultados déficit en los que incurre el gobierno y en su creciente deuda.

Más específicamente, S&P comenta que existen serias dudas sobre la posibilidad de que los hacedores de la política económica alcancen acuerdos de fondo sobre cómo enfrentar su desequilibrio fiscal de largo plazo para el presupuesto del 2013, lo que dejaría a EU en una posición muy vulnerable.

Días antes de la democión aludida, Bill Gross, presidente de Pimco, banco de inversión con el fondo de valores de renta fija más grande del mundo, anunció que se deshacía de toda su tenencia de pasivos del gobierno de EU, que incluye bonos del Tesoro, “swaps” de tasas de interés, futuros y opciones de deuda, así como papel respaldado por el FDIC, el equivalente en EU de nuestro IPAB.

El argumento de Gross para salirse de su posición en pasivos del gobierno de EU se sustenta en que, a su juicio, la política monetaria que sigue el banco central de su país de mantener su tasa de interés de corto plazo cerca de cero e inyectar billones de dólares al sistema, es insensata.

En adición a lo anterior, Gross opinó en su carta de abril a los inversionistas que los compromisos del gobierno de EU en materia de beneficios de retiro y cobertura médica de sus ciudadanos tienen una trayectoria insostenible. Hoy absorben ya el 44% del gasto total del gobierno federal y crecen con rapidez.

Agregó que gobiernos y legisladores anteriores siempre supusieron que su país podía superar la carga de la deuda mediante un más acelerado crecimiento económico, que él juzga es imposible con su nivel actual, por lo que pronostica que EU se deshará de su deuda por lo que podría llamarse la ruta argentina, es decir, inflación, devaluación del dólar y tasas negativas de interés.

Por su lado, en una crítica también sin precedente, el Fondo Monetario International advirtió, en ocasión de su reunión anual de primavera, que era urgente que EU enfrentara su problema de finanzas públicas pues el reto que plantea su elevada deuda, se volvería mucho peor si las tasas de interés que pagan sus bonos empiezan a subir a resultas de temor en los mercados.

Con este escenario de fondo, se aproxima la fecha en la que el Congreso deberá elevar el techo de la deuda que solicitó la administración de Barak Obama, con una Cámara de Diputados cuya mayoría de oposición al gobierno en la Casa Blanca, condiciona su aprobación a cambio de recortes radicales al gasto.

Si el gobierno no consigue la anuencia del Congreso para el 16 de mayo, fecha en la que el Tesoro estima se alcanzará el techo de la deuda de 14.3 trillones de dólares (como los contabilizan en EU), las autoridades tienen todavía espacios de maniobra hasta principios de julio, por lo que el default no sería inmediato.

Todo mundo piensa –me incluyo- que se alcanzará un acuerdo, como ocurrió hace unos días con el presupuesto vigente, que increíblemente se aprobó por fin a cinco meses de terminar el ejercicio fiscal, pero siempre hay la posibilidad de que los políticos se “monten en su macho” y sobrevenga la debacle.

Lo más surrealista de todo este teatro es que los mercados en EU reaccionaron con alarma sólo al día siguiente de la democión de S&P, para de inmediato seguir en su alocada marcha a alcanzar nuevos récords bursátiles al tiempo que las tasas de interés en la deuda pública se mantienen en niveles modestos.

Mientras tanto los principales actores políticos se enfrascan en un monólogo de sordos: Obama y sus seguidores proponen arreglar el problema subiéndole los impuestos a los ricos y con recortes modestos al gasto, mientras que los Republicanos en la oposición plantean cercenar el gasto más radicalmente al tiempo que ofrecen menores impuestos.

¿Habrá lugar para encontrar una posición intermedia que combine una indispensable reforma tributaria y menores tasas pero una base impositiva más amplia, con recortes impostergables en el gasto de defensa y en los pagos de seguridad social y cobertura médica del gobierno? Esa es la gran duda.